El titular del Juzgado de lo Penal 4 de Huelva ha condenado a cuatro años y medio de prisión a J.C.B.F., quien fue víctima de un atentado terrorista, por coaccionar a una menor para que le remitiera fotografías propias de índole sexual en 2016. Ella había sido pareja de su propio hijo.

Como ha podido saber Huelva Información, el magistrado Santiago Muñoz le impone dos años y seis meses de prisión por un delito contra la intimidad, lo que además conlleva una multa de 3.240 euros; así como otros dos años de reclusión por el delito de utilización de una menor para la elaboración de pornografía infantil y por un delito de coacciones.

El juez aprecia la eximente incompleta de trastorno mental en el inculpado y desecha la agravante de abuso de confianza respecto del delito contra la intimidad. En paralelo, lo condena al pago de las costas judiciales y de una indemnización de 5.000 euros a la víctima, menor de edad en la fecha de los hechos.Muñoz también le ha denegado el beneficio de la suspensión de las penas de prisión. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Huelva.

La Fiscalía, como ya avanzó este periódico, había rebajado la petición de condena de once a siete años de prisión una vez practicada la prueba en la vista oral: un año de prisión por coacciones, tres años por un delito contra la intimidad y otros tres años por el delito de elaboración de pornografía infantil, un recorte motivado por la declaración de un psicólogo forense de la defensa, tras la que la acusación pública consideró que "había una circunstancia atenuante, porque el acusado ha sido víctima de un atentado terrorista y desde entonces le han quedado secuelas físicas bastante graves".

La víctima remarcó durante la celebración del juicio que J.C.B.F. sabía de sobra que ella era menor de edad y contó que le envió las fotografías sexuales solicitadas "por miedo a que él difundiera lo que había conseguido y que esto tuviera repercusiones en su vida social y familiar".

En el escrito de acusación, que ya avanzó este diario, el Ministerio Público relata que J.C.B.F., mayor de edad y sin antecedentes penales, conoció a la víctima en el verano de 2015. Ella es de Aracena y el acusado recalaba en el municipio serrano en periodos vacacionales junto con su hijo, que mantuvo una "fugaz relación sentimental" con la adolescente, menor de edad en la fecha de los hechos, cuando tenía 17 años.

La víctima, en el transcurso de la relación que tuvo con el hijo de este individuo (incluso a distancia durante un tiempo), llegó a enviar a su novio "varias imágenes propias de carácter provocativo sexual utilizando aplicaciones de mensajería móvil".

EL inculpado tendrá que pagar 3.240 euros de multa e indemnizar a la chica con 5.000 euros

Una vez que la relación entre los jóvenes se rompió, el chico no borró la fotografías de su teléfono móvil. Así que después de aquel verano pero antes del 15 de enero de 2016, "en una fecha no determinada", el acusado accedió al terminal y localizó las instantáneas.

Refería el Ministerio Público que J.C.B.F. era "sabedor" de que la víctima en ese momento todavía no había alcanzado la mayoría de edad. Tenía sólo 17 años. Pese a todo, se aprovechó de "la confianza familiar que le permitía el manejo del teléfono a su hijo sin levantar sospechas". De este modo fue cómo se apoderó de las fotografías, "extrayéndolas y enviándolas al suyo propio con el propósito de irrumpir en la intimidad ajena que su hijo y la víctima habían compartido".

Entre los meses de enero y mayo de 2016, J.C.B.F. "contactó de manera reiterada" con la chiquilla. Su intención, a juicio del fiscal del caso, Alberto Campomanes, era "coartar su indemnidad sexual y su libertad personal para satisfacer su apetito sexual".

Entonces fue cuando decidió exigir a la exnovia de su vástago "que le enviara fotografías propias en las que apareciera desnuda, en planos, poses y realizando prácticas sexuales que él indicaba". No contento con la reclamación, le dejó claro a la adolescente que si no le enviaba el material solicitado, "iba a difundir esas imágenes y decir a sus padres que había mantenido relaciones sexuales con otras personas".

J.C.B.F. fue un paso más allá, según el relato de la acusación pública: "Iguales represalias dirigió a la menor para el caso de cesar las conversaciones con él o no revelarle informaciones relacionadas con su intimidad y experiencias sexuales". La tenía, según se desprende del escrito, totalmente acorralada.

De esta forma consiguió que la víctima "no ignorase sus peticiones y conversaciones". Ella se vio tan apabullada que le llegó a enviar "ocho imágenes en las que ella mostró su cuerpo desnudo, en las posturas y planos de J.C.B.F. exigía”. En alguna de estas instantáneas la chiquilla se vio obligada a fotografiar sus genitales en el modo en que el ahora condenado se lo solicitaba.

El fiscal recalcaba en su acusación que “la víctima tomó y envió estas fotografías propias obligada por J.C.B.F., dominada por el temor de que él revelara a sus padres los secretos de naturaleza sexual que de ella conocía”. También le inquietaba que el padre del que fuera su pareja "difundiera las imágenes que ya poseía".

El ataque ha tenido consecuencias psicológicas para la adolescente, que ha padecido "sentimientos de humillación, desasosiego y ansiedad", por lo que ahora será indemnizada.