Huelva

Comas se apoya en la "deslegitimación" del Trust para reclamar su absolución

  • Condenado a tres años de prisión por la administración desleal y el falseamiento de cuentas sociales del Decano, el exdirigente recurre ahora la sentencia ante el TSJA

El expresidente del Recreativo de Huelva Pablo Comas, condenado el pasado 13 de junio a tres años de prisión por ser el autor de un delito de administración desleal y de otro de falseamiento de cuentas sociales del Decano, ha recurrido en apelación la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia de Huelva por la que se le obliga, además, a indemnizar al club con 646.516,21 euros, de los que responderán como responsables subsidiarias las empresas Gildoy España y Poientose, de las que él era administrador único.

En el recurso de apelación que deberá resolver la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y al que ha accedido en exclusiva Huelva Información, la defensa de Comas esgrime hasta seis motivos para que sea revocada la sentencia. El recurso de 35 folios, no obstante, utiliza como hilo argumental la "deslegitimación" de quien impulsó la querella, el colectivo Trust de Aficionados del Recre.

Aunque en adelante desgranaremos el recurso, sus párrafos finales son muy gráficos: "Interesamos que (...) se proceda a absolver al acusado de los delitos señalados, dado que falta la legitimación en los querellantes para personarse como perjudicados" y por "no ser los hechos constitutivos de los preceptos penales señalados, ni existir perjuicio indemnizable a los querellantes que deba de serles resarcido". A ello suma el representante legal de Comas, el letrado Álvaro Sánchez-Pego, que el tribunal andaluz debe declarar "la vulneración de los derechos de defensa" y que, en caso de condena, "modulen y rebajen las penas".

1. el trust no es un agraviado

El primer argumento contra la sentencia condenatoria de la apelación del expresidente del Recreativo es la infracción del ordenamiento jurídico en lo relativo al requisito de procedibilidad exigido para incoar la causa por los delitos societarios que se le imputan. Es decir, que "para que el Trust de Aficionados pueda querellarse contra el administrador y ejercitar las acciones civiles y penales debe ser algo más que hipotético perjudicado; debe ser sujeto pasivo del delito, víctima que vea conculcados sus derechos económicos de forma directa".

El jurista recuerda que los hechos probados de la resolución judicial hacen referencia al préstamo que a finales de noviembre de 2012 Pablo Comas pidió al Banco Espirito Santo -a favor de Poientose- por importe de 900.000 euros a amortizar en seis años. Con este dinero pretendía hacer frente "al último pago de las acciones adquiridas" del Decano. El mismo día depositó a plazo fijo un millón de euros propiedad del Real Club Recreativo de Huelva como garantía del préstamo. Este fue cancelado en marzo de 2015. El banco se recobró 887.139 euros y se causó un perjuicio al Decano de 646.516 euros.

Al exdirigente recreativista se le condenó además por un delito de falsedad contable efectuada en las cuentas societarias de los años 2012/13. En paralelo, quedó absuelto de otros hechos que se le imputaban, como la venta que el Villarreal CF hizo del futbolista Marco Ruben al Dynamo de Kiev por ocho millones de euros en julio de 2012 o el arrendamiento del local de la calle Méndez Núñez donde se ubicó la tienda oficial del club albiazul, en marzo de 2013.

Aquí las fechas son la clave. Alega que la querella inicial que dio lugar al procedimiento se llevó a cabo por el Trust "con posterioridad a los hechos", al constituirse el colectivo en el año 2015. Y "sin que pueda decirse de ella que sea la agraviada o perjudicada económica o de otro tipo de los actos delictivos que son objeto de imputación", especialmente, afirma, porque es una entidad "sin ánimo de lucro" que solo posee 400 acciones de la sociedad deportiva recreativista y que "no ostenta derechos económicos de los socios que la constituyen".

Señala que "carece de sentido lo que manifiesta la sentencia respecto de la posibilidad de convertirse en perjudicado con posterioridad mientras el delito no prescriba", puesto que la condición de perjudicado o agraviado "no puede serlo con efectos retroactivos".

La defensa puntualiza que incluso los dos socios minoritarios del Trust que lo fueron también de la sociedad cuando los hechos imputados se cometieron, "aunque reclamasen en su propio nombre (que no lo hacen) deben acreditar el perjuicio económico directo que a ellos se les causa (...), pudiendo reclamar solo por lo que a ellos personal y económicamente les afecta de manera directa". Pero, advierte, "mal puede acreditarse tal extremo cuando las acciones no tiene derecho a dividendos".

La última franja de este extenso y reiterativo motivo está dedicada a los acreedores, de quienes se dice que "no se han personado como perjudicados ni han considerado que lo sean por estos hechos".

2. condena personal en acusación empresarial

El motivo segundo de Pablo Comas para tratar de tumbar la sentencia ante el TSJA son las infracciones del Código Penal y de preceptos constitucionales por haber sido condenado "a título personal cuando ha sido acusado como administrador de la entidad Gildoy España".

Aquí el abogado defensor refiere que es esa empresa, a través de la que Comas adquirió el 75% de las acciones del Recre, la que "puede, en su caso, cometer el delito de administración desleal a través de su administrador". Defiende este argumento apoyándose tanto en lo mantenido desde el inicio por el Juzgado de Instrucción 5 de Huelva -que investigó la causa- como por la Fiscalía, la acusación particular y la propia sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia.

Sin embargo "y de forma sorprendente, tanto las acusaciones como la propia sentencia solicitan la condena y condenan al acusado no a título de administrador de la sociedad, sino a título individual, como si fuera el sujeto en el que concurren los requisitos de autoría de los tipos penales imputados". Desde su prisma esto, además del establecimiento de la responsabilidad civil subsidiaria (indemnización) de Gildoy y Poientose, es "un contrasentido jurídicamente inaceptable y una defectuosísima técnica procesal (...); o se es responsable a título individual, en cuyo caso no cabe la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa, o se es responsable como administrador de una sociedad en cuyo nombre se actúa, en cuyo caso debe acusarse y condenarse de esta manera".

3. el error en la apreciación de la prueba

Otro de los pilares sobre los que Sánchez-Pego basa su recurso es el del error en la apreciación de la prueba con respecto del delito de administración desleal que se atribuye a su cliente. Entiende, de inicio, que para ello hay que "querer obtener un beneficio propio o de un tercero", pero que la sentencia refleja que Comas "había realizado pagos con su propio patrimonio y en beneficio de la sociedad que ascienden a 1.345.890 euros y que se reflejan en las cuentas de 2014/15, en las que figuran que el Recreativo tenía una deuda con el señor Comas por ese importe", a lo que la Audiencia agrega que "es lógico que realizara pagos por dicho importe por cuanto que él mismo ha dicho que era dueño del club, sin que la Sala entienda que dichos saldos deban ser compensados".

Este razonamiento, afirma la defensa, "carece de toda lógica jurídica y es irracional", puesto que esos 1,3 millones de euros lo convierten "en acreedor" de la sociedad deportiva sin que "sea lógico hacerlas por creerse el dueño", como argumentaban los magistrados.

Esto es, Pablo Comas debe incorporar al club los casi 650.000 euros del millón pignorado para el crédito pero, del mismo modo, "la sociedad debe pagar a Comas todas las cantidades que este haya pagado con su patrimonio en beneficio del club".

El perfilado del expresidente como salvador del Decano sale a relucir en este motivo: "Si no hubiera pignorado el dinero (...), los acreedores se habrían hecho con él de forma inmediata", lo que abocaría al club onubense a su desaparición. "Adelantaba el dinero para poder continuar con la actividad ordinaria; pero no era un regalo, era un préstamo", algo que -estima- es un "acto lícito" de compensación de créditos.

Por último, señala que este movimiento financiero no perjudicó en ningún momento a los socios. En todo caso a los acreedores, "pero estos, que sepamos, ni han formulado la denuncia preceptiva ni se han mostrado como perjudicados".

4. La Ciudad deportiva y el falseamiento contable

Pablo Comas cree que se ha aplicado indebidamente en su caso el delito de falseamiento de cuentas sociales del Decano, con el que la Sala hace referencia a los 339.720 euros que el exdirigente albiazul incluyó en el balance 2012/13 en concepto de anticipo de pagos del proyecto de mejora de la ciudad deportiva que pretendía levantar en el Tiro Pichón, a los que hay que sumar otros 83.941 euros registrados como "crédito con la Hacienda Pública por IVA soportado pendiente de compensar". El tribunal enfatizó que este montante no estaba debidamente justificado y que en el ejercicio económico siguiente dedujo este supuesto gasto con una deuda que el Recreativo mantenía con su empresa Gildoy España.

El letrado refiere sobre este punto que "no se ha practicado prueba alguna ni se ha hecho mención a la existencia de posibles perjudicados por la alteración contable señalada, siendo esencial que el autor del delito busque, de manera directa, perjudicar económicamente a la sociedad, a los socios o a terceros". Es decir, que no existe el dolo finalístico imprescindible para la comisión delictiva.

En paralelo, detalla que el Real Club Recreativo de Huelva fue declarado en concurso de acreedores y que acumulaba en 2013 deudas de 8,6 millones de euros (más 10,4 millones en concepto de intereses intereses) con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social. Ante estas cantidades, los 399.720 euros de la ciudad deportiva no tienen, al parecer del abogado, "entidad cuantitativa suficiente como para poder distorsionar la verdadera situación jurídica o económica" del club.

A su juicio el punto "más relevante" es que, además, Comas sometió la cuentas analizadas a una auditoría y mantuvo siempre "la transparencia".

5. responsabilidad civil para autoindemnizarse

En el penúltimo motivo del recurso de apelación de Pablo Comas se abordan las supuestas infracciones en las que incurre la Sección Tercera al establecer la responsabilidad civil en la sentencia. Como punto de inicio, se aclara que Gildoy España es la titular del 75% de las acciones del Recre.

La otra empresa del expresidente, Poientose, fue la solicitante del préstamo de 900.000 euros para pagar el último plazo de dichas acciones, dejando en prenda el millón de euros del club. Su impago posterior provocó que el Banco Espirito Santo se cobrara 646.516 euros de ese millón empeñado. Y dicha cantidad es la que la Sala establece como que Comas debe reintegrar a la sociedad deportiva.

Pues bien. De dicha restitución y en caso de que el Recre no tuviera deudas, observa el letrado, "el 75% pertenecería a la propia sociedad administrada por el acusado, por lo que carece de sentido afirmar que el perjuicio real causado al Recreativo es del 100% del dinero no integrado". Para más inri, suma a esta afirmación que "si el autor del delito es el dueño de la sociedad, hasta el punto en el que con su mayoría incluso puede hacerla desaparecer y disolverla repartiéndose el patrimonio en proporción a sus cuotas, mal puede afirmarse que el perjuicio real causado deba incluir también su participación social".

La defensa añade que Comas ha sido traído al proceso por las acusaciones como administrador único de Gildoy y "sin haberle tomado declaración como imputado individual". Sin embargo, sí se le condena a título personal, por lo que queda vulnerado a su entender el principio acusatorio, ya que no ha tenido ocasión de defenderse en tales términos.

6. las penas impuestas son "excesivas"

La alegación final de la apelación es la "falta de racionalidad y proporcionalidad en la imposición de las penas impuestas, dando lugar a una falta de motivación real que justifique adecuadamente su imposición en el grado o cuantía impuesta". En definitiva, lo que se trata de decir es que la condena es "excesiva".

La defensa interpreta que en el caso del delito de administración desleal, por el que la pena para el expresidente del Decano fue de un año y nueve meses de prisión, fue del "grado máximo posible" a pesar de que no había agravantes, algo que considera "desproporcionado". Respecto del delito de falseamiento de cuentas sociales, por el que se le ha condenado a otro año y tres meses de prisión y multa de 3.240 euros, también es a su entender "excesiva", pues no estima que haya "perjuicio alguno".

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