Crimen de Almonte

Campoamor solicita que se le exima de fianza en la acción popular del crimen de Almonte

  • La delegada en Andalucía pide, en su defecto, que se rebaje la cuantía (fijada en 6.000 euros) para que el colectivo pueda asumirla

María y Miguel Ángel Domínguez, asesinados en Almonte el 27 de abril de 2013.

María y Miguel Ángel Domínguez, asesinados en Almonte el 27 de abril de 2013. / H. Información (Almonte)

El pasado 3 de diciembre la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Almonte admitió la personación de la asociación Clara Campoamor como acusación popular en la causa del doble crimen de Almonte. Pero lo hizo con condiciones: el colectivo tiene que abonar 6.000 euros si quiere ser parte en el procedimiento.

Ahora la delegada en Andalucía de Clara Campoamor, Patricia Catalina, ha recurrido el auto para tratar de ser eximida del pago de la fianza, ya que "esa cuantía puede ser contraria a derecho y lesiva para los intereses de mi mandante por carecer de medios suficientes para afrontarla".

Así consta en el recurso de apelación directo presentado por la letrada y al que ha accedido en primicia Huelva Información, en el que se añade al final como posible alternativa la rebaja del montante para poder asumirlo y "formar parte de la búsqueda de justicia para encontrar y condenar al culpable o culpables de la horrible muerte de la niña María Domínguez Olmedo" y de su padre, Miguel Ángel, asesinados el 27 de abril de 2013 en su propia casa de la avenida de los Reyes de Almonte.

En las alegaciones, la abogada agradece a la juez instructora que haya dado vía libre a Clara Campoamor para ejercer la acción popular, pero señala que "entendemos desde el máximo respeto que no parece razonable ni justificada la discriminación que han establecido los órganos jurisdiccionales entre muchos querellantes", en tanto en cuanto la asociación –que defiende los intereses de las mujeres y los menores– "tan solo pretende reforzar la acusación particular y dar una cobertura a la familia de las víctimas desde el máximo cariño y respeto absoluto a la instrucción".

Por ello recuerda Catalina que el colectivo "carece de ánimo de lucro" y, al exigírsele 6.000 euros de fianza, "se impone una barrera económica" que puede llegar a convertir la acción popular "en un derecho oligopolístico en manos de las asociaciones con capacidad económica, en detrimento de las que no la tienen, como es nuestro caso".

La delegada en la región remarca que su único fin es "la protección de la infancia" y recalca que "el mayor acto de transgresión que ha podido sufrir" la pequeña María ha sido "perder su derecho a la vida, y más aún de semejante forma".

Asimismo, subraya que desde que Clara Campoamor reabrió su delegación andaluza ha asumido desde acusaciones como las de los menores asesinados Gabriel, Andrei y Sergio en Almería al caso Arny o la Manada de Pozoblanco y, "hasta ahora, en ninguno de estos procedimientos se nos ha requerido fianza".

Patricia Catalina reitera en el recurso que "no tenemos medios económicos, a veces tampoco personales". Es más, la asociación apenas tiene ayudas externas ni cuenta "con una sola subvención de la Junta de Andalucía ni de cualquier otro organismo de mujer o infancia de la comunidad".

Esto, la "falta de medios económicos y personales", le impide personarse en otros muchos asuntos. Pero también los hay en los que las víctimas rechazan su apoyo "por la prepotencia de los abogados, que desean lucirse". No obstante, deja claro la letrada, "este no es el caso, porque llevamos apoyando a la familia desde hace casi dos años y a nuestra personación la acusación particular ha informado favorablemente", al considerar que la presencia en la causa puede ser un "refuerzo y apoyo" que Clara Campoamor garantiza que "será positivo".

Por todo, la asociación ruega a la juez que aprecie que "no sea precisa la constitución de fianza; no existe riesgo de tener que responder a las resultas del juicio, por lo que no cumpliendo su finalidad propia ha sido declarada innecesaria por la jurisprudencia".

En paralelo, Patricia Catalina enfatiza en sus alegaciones que el Congreso de los Diputados incluyó a los menores como víctimas en el Pacto de Estado por la Violencia de Género, impulsado por el propio colectivo, un dato que añade al recurso de apelación directo al considerarlo "de especial relevancia".

Y lo es, dice, porque el autor del doble crimen de Almonte es desconocido a día de hoy, pero en su día se enjuició y absolvió a Francisco Javier Medina, que era entonces "pareja sentimental de Marianela Olmedo, madre de la niña María".

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