Ciudadanos ha puesto su punto de mira en el transfuguismo político, al que quiere combatir desde la Diputación Provincial. La formación, que logró convocar la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo tras diez años sin reunirse, ha presentado una moción para rechazar esta práctica política. Así, da un paso más en la lucha contra esta forma de corrupción política, que solo busca tergiversar por la puerta de atrás las decisiones de los votantes.

“El transfuguismo político supone una completa deslealtad tanto hacia las formaciones políticas que depositaron en dichas personas su confianza como hacia los propios votantes”, como indica la moción que la diputada provincial de Cs, María Ponce, ha presentado en la institución provincial y que tendrá eco en los distintos ayuntamientos de la provincia en los que la formación naranja tiene representación en los próximos días. Así, el pleno de la Diputación someterá la cuestión a debate con “el objetivo de que los políticos muestren su rechazo a este fraude que antepone intereses particulares a la voluntad popular expresada en las urnas”, ha señalado Ponce.

La moción también incluye una petición expresa al ministerio de Política Territorial y Función Pública para que otorgue carácter estable a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfugismo. De esta manera, Cs insta a que la reciente convocatoria acordada para el 21 de septiembre se dote de continuidad. La diputada provincial ha añadido que “este acuerdo sería una muestra del compromiso político para atajar esta lacra y evitar que los cargos electos que han abandonado la formación política por la que concurrieron a las elecciones puedan acabar alterando la representación democráticamente manifestada por los ciudadanos y condicionando la estabilidad de los Gobiernos locales”.

El partido liberal considera imprescindible renovar, de la mano del resto de fuerzas políticas, el compromiso contra el transfuguismo con el objetivo de consensuar nuevas medidas que permitan sancionar esta práctica de manera efectiva y “sentar las bases que permitan cortar de raíz este tipo de comportamientos antidemocráticos que corrompen nuestro sistema de representación política”, ha concluido María Ponce.