La Audiencia Provincial de Huelva ha aceptado parcialmente el recurso presentado por un hombre condenado por el Juzgado de lo Penal 4 a siete años y tres meses de prisión por arremeter y expulsar de la carretera al vehículo policial que lo perseguía, llegando a herir a cuatro agentes, dos de ellos de gravedad. De este modo, la pena inicial por conducción temeraria, atentado contra agentes de la autoridad y lesiones ha sufrido una rebaja de dos años, por lo que a juicio de la Sala debe quedarse en cinco años y tres meses de reclusión por producirse los dos últimos delitos "en concurso ideal".

En la sentencia, que todavía no es firme y a la que ha accedido en exclusiva Huelva Información, se rechaza de otro lado la pretensión de la aseguradora del coche que conducía el procesado, que negaba su responsabilidad civil directa al considerar que los daños sufridos "no derivan de un hecho de la circulación, sino de un acto doloso del conductor".

El tribunal da por probado que este individuo (con antecedentes por apropiación indebida, simulación de delito y estafas) fue denunciado por su pareja ante la Policía Nacional de Huelva el 18 de octubre de 2018. Presuntamente la había amenazado y la mujer fue valorada como en situación "de riesgo extremo".

Así que se puso en marcha un operativo para detenerlo. Esa misma tarde, dos agentes de paisano se hallaban en un vehículo oficial camuflado en compañía de la denunciante en las inmediaciones de la rotonda del Humilladero de la Cinta.

El objetivo pasó por allí conduciendo un Renault Megane y esta primera patrulla "solicitó el apoyo de otro indicativo" de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) "que igualmente circulaba en un vehículo camuflado, conectando este los sistemas acústicos y luminosos y procediendo a dar el alto al citado acusado cerrándole el paso, pese a lo cual este se subió a la acera con el turismo y se dio a la fuga en dirección Gibraleón".

Ante esta maniobra, el coche en el que se encontraba la víctima realizó "un seguimiento prudencial al conductor, quien entró en La Orden conduciendo desde ese momento con infracción de las más elementales normas de precaución y cuidado, poniendo en peligro la vida y seguridad del resto de usuarios de la vía pública".

El encausado hizo caso omiso de las órdenes policiales. Lejos de detener el coche, circuló a gran velocidad por el barrio, llegando a tomar las calles Caracas y Amazonas "en dirección prohibida". Desembocó en la gasolinera, establecimiento que atravesó "a gran velocidad", lo que lo obligó a "esquivar a vehículos y usuarios" para no atropellarlos.

Una vez en la rotonda de La Orden, el condenado colisionó "contra otros dos vehículos que se hallaban detenidos cediendo el paso, causándoles daños". Y no paró.

La persecución, por tanto, continuó por la carretera de Gibraleón. A la altura de Muebles Cabrera, se incorporó de nuevo al dispositivo policial el segundo coche camuflado de la UFAM.

La Sala ratifica la pena a la aseguradora del coche del fugitivo como responsable civil

Llevaba puestos rotores y sirenas y se colocó a la altura del turismo del acusado, en el carril izquierdo, para que este detuviese la marcha. Nada más lejos de la realidad. "Con ánimo de atentar contra la integridad física de los agentes y contra el principio de autoridad que representan, para evitar su detención lo embistió en la parte lateral derecha con ánimo de sacarlo de la vía".

La consecuencia fue que el coche de la Policía giró de forma brusca por la parte trasera y se ubicó "delante del vehículo conducido por el acusado, continuando este con la marcha y arrastrando durante unos metros al vehículo policial, acabando finalmente en un terraplén fuera de la calzada por el margen derecho de la misma".

El Megane del fugitivo dejó de funcionar por el golpe. Lo abandonó "y continuó la huida a pie". Lo persiguió uno de los agentes que viajaba en el coche con la denunciante, quien tuvo que pegar un tiro al aire para poder alcanzar a este individuo y reducirlo. El funcionario sufrió una lesión en la pierna durante la maniobra.

Pero los que salieron peor parados fueron sus compañeros de la UFAM que viajaban en el coche embestido. Uno de ellos ha tenido secuelas tan graves que no podrá volver a utilizar un arma de fuego, "lo cual es indispensable para su trabajo como agente del Cuerpo Nacional de Policía".

La Confederación Española de Policía (CEP) representa a uno de los funcionarios damnificados. Su secretario provincial, Adrián Parreño, destaca ante este diario "el éxito de nuestra asesoría jurídica" por la condena al acusado.

La letrada de la CEP en Huelva, Ruth Cordero (de Venzo Abogados), remarca que la sentencia "es importante porque los agentes ponen en riesgo sus vidas; y en este caso no solo el acusado ha recibido la condena que esperábamos y que se merecía", sino también la aseguradora, que ha sido condenada "como responsable civil directa, lo que ha garantizado a los agentes el pago de las responsabilidades civiles por las lesiones sufridas".