Balance 2019: Agricultura

Cierre de pozos y venta de tierras

  • La clausura de extracciones de agua subterránea desata la rebelión de los agricultores del Condado. Los productores de frutos rojos siguen a la espera del trasvase de agua

Uno de los pozos de agua sellados por la CHG en Lucena del Puerto

Uno de los pozos de agua sellados por la CHG en Lucena del Puerto / H. Información (Huelva)

El cierre de pozos de agua en el Condado marcó el año agrícola de 2019. Su repercusión traspasó las fronteras onubense por su incidencia en el Espacio natural de Doñana. El conflicto se saldó en algunos casos con la venta de fincas. Los productores de frutos rojos de Lucena del Puerto iniciaron la venta de tierras de cultivo tras el cierre de las extracciones de agua subterránea por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Los agricultores cuyos pozos considerados ilegales fueron clausurados se desprendieron de sus fincas ante la imposibilidad de poder regarlas y la “falta de perspectivas de futuro”.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir consumó en agosto de este año el cierre de pozos agrícolas en el municipio lucenero. Lo hicieron los técnicos del organismo de cuenca, arropados por un fuerte dispositivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para garantizar el sellado de las extracciones de agua subterránea.

En total se clausuraron alrededor de un centenar de sondeos y algunas balsas de riego. La actuación se enmarcó en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que dictó la clausura de 77 pozos sancionados en terrenos públicos de Lucena, 66 de ellos en El Gago, 4 en Casa Beas y 7 más en el paraje denominado Magín.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha clausurado 400 pozos de agua en la zona de Doñana

Aunque los regantes se opusieron el cierre de las captaciones, mientras no llegara agua superficial, finalmente abandonaron la resistencia ante la acción de las autoridades. Los técnicos de la CHG intentaron cumplir la orden del TSJA el 24 de junio pero cientos de agricultores, trabajadores del campo y vecinos de la localidad se lo impidieron a pesar de acudir a su jornada laboral acompañados por un gran número de agentes de la Guardia Civil.

Además, los regantes acordaron establecer un dispositivo de vigilancia las 24 horas para evitar la acción de los técnicos. Los productores de frutos rojos establecieron relevos para mantener la vigilancia día y noche, en una zona acotada de 25 hectáreas, con el fin de dar la alarma nada más que divisaran la llegada de vehículos de la CHG para impedir la acción de los operarios.

Algunos de ellos se apostaron en sitios estratégicos cerca de los pozos objeto del cierre y otros circularon en sus automóviles constantemente por la vía agropecuaria San Catalina, en cuyas márgenes se ubican varias cooperativas de frutos rojos y los campos de cultivos. La carretera es la línea divisoria entre dos confederaciones, la del Tinto-Odiel-Piedras y la del Guadalquivir. En la primera también hay pozos, pero a esos sí les está permitido continuar con la extracción de agua.

Tras un mes de movilizaciones, en la madrugada del 28 de julio, durante la noche y tras coger a los regantes desprevenidos, los trabajadores del organismo procedieron al sellado de 17 pozos, al amparo de un fuerte dispositivo de seguridad compuesto por un centenar de efectivos del Instituto Armado.

Los agentes se desplegaron por una zona de una veintena de hectáreas por las que se distribuían las extracciones para evitar el acceso de los agricultores alertados por los que hacían guardia y llegaron a retener a alguno de ellos. A las 8:30 se dio por finalizado el operativo con el cierre de los sondeos.

Agentes de la Guardia Civil cortan el paso a los agricultores que pretendían evitar el cierre de los pozos de agua. Agentes de la Guardia Civil cortan el paso a los agricultores que pretendían evitar el cierre de los pozos de agua.

Agentes de la Guardia Civil cortan el paso a los agricultores que pretendían evitar el cierre de los pozos de agua. / Alberto Domínguez (Lucena del Puerto)

Tras la intervención, los agricultores decidieron deponer su actitud e iniciar una serie de acciones. Mientras tanto, los técnicos de la CHG continuaron con el sellado de pozos y pusieron fin a un total 65 captaciones consideradas ilegales, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

Los agricultores han argumentado que las administraciones les permitieron las extracciones de agua subterránea y que incluso tenían contadores que instaló la propia CHG. También que la Junta de Andalucía incentivó los regadíos en el Condado a través de subvenciones para el cultivo y la modernización de fincas.

Tras la clausura de los pozos, los regantes continúan a la espera de que el Ministerio autorice el trasvase de agua de la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir y que les conceda agua en precario, una actuación que contempla la autorización inicial de la transferencia de 4,9 hectómetros aprobada hace ya unos años.

El TSJA dictó en 2017 una sentencia, que obligaba al Ayuntamiento lucenero a la inutilización de estos sondeos y, en caso de no ejecutarse, al cierre subsidiario por parte del organismo de cuenca. El dictamen supuso el fin a un proceso sancionador iniciado por la CHG en 2013, tras una denuncia de la Guardia Civil que motivó un expediente de infracción, resuelto por el organismo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía constató que los pozos sancionados en Lucena se encontraban fuera de suelo agrícola regable determinado por el Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de Doñana.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha clausurado en el Espacio Natural de Doñana desde enero de 2018 más de 400 pozos, 111 por ejecución forzosa y el resto por “sustitución de agua superficial por agua subterránea legal”. No todos los pozos en el entorno de Doñana son ilegales, algunos no lo son y tienen concesión de agua.

Los agricultores de la zona están pendientes de que se complete el trasvase de 5 hectómetros de agua y otros 15 más aprobado por Gobierno central.

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