Se ha cumplido ya un año desde que la Junta de Andalucía decidió entregar a una familia de acogida al hijo de cinco años de una mujer, natural de Nerva, víctima de la violencia machista. La Delegación de Igualdad y Políticas Sociales de Huelva mantiene que el niño podría estar sufriendo malos tratos psicológicos y físicos por parte de su padre, del que la mujer lleva meses separada, por lo que a juicio de su letrado, Felipe Garoña, no existe ningún argumento que motive la separación de madre e hijo.

El procedimiento civil iniciado para la recuperación del menor es preferente, es decir, que debe resolverse con la máxima celeridad posible al estar vinculado a un caso de maltrato de género. Sin embargo, y a pesar de que fue el pasado verano cuando se iniciaron los trámites que acabarán con la demanda que la mujer presentará contra la Administración autonómica por arrebatarle a su hijo "sin motivos", el asunto quedó suspendido en el limbo del Decanato de Huelva, encargado de repartir la causa al Juzgado de Violencia sobre la Mujer que debe resolverlo.

Hasta la semana pasada, explica Garoña a Huelva Información, no le dieron trámite para subsanar el defecto de representación, "pues en agosto estuvimos a la espera de la designación del procurador y ya cuando la teníamos, nos encontramos con que ha estado casi un mes la demanda que no se sabía a dónde iba". Y todo por "cuestiones que se iban de mi propia comprensión", agregó Garoña.

Como nadie sabía resolver el asunto y el tiempo sigue corriendo en contra de la víctima de malos tratos y de su hijo, el letrado se reunió de manera informal con las letradas de la Administración de Justicia de ambos órganos "y les pedí que se aclararan con el tema del desamparo del menor, y se ha quedado ahí un poco al tanto de que dejaran de un lado estos protocolos extraños que tienen".

Garoña se ha asegurado de poner orden en el caos judicial en que se ha visto envuelta su cliente "comprobando que el procedimiento había llegado y que el Juzgado de Violencia lo admitiera", algo que ya ha culminado. Ahora el órgano que dirige el magistrado Ricardo Ruiz debe solicitar a la Junta de Andalucía el expediente administrativo de desamparo -tiene un plazo de diez días para contestar- y, "a partir de ahí, nos dan 20 días para formalizar la demanda".

El abogado se teme que, "a este paso, el niño no pase las Navidades en su casa". Para tratar de evitarlo, cuando presente la demanda contra la Administración autonómica "presentaré sobre la marcha medidas cautelares para intentar que el niño vuelva a su casa" antes de esas fechas tan señaladas.

La víctima, mientras tanto, está completamente "desesperada" y tiene que conformarse con visitar a su pequeño en un punto de encuentro cada 15 días.