El sindicato CSIF conmemora este 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, bajo el lema Por la inclusión y el pleno empleo. Sin barreras. Entre los objetivos de la central sindical se encuentra poder alcanzar la inclusión y el pleno empleo de las personas con discapacidad y, para ello, asegura que es necesario que las administraciones, empresas, instituciones y organizaciones no gubernamentales se impliquen y trabajen de una manera coordinada.

Desde el sindicato, se promueven entornos laborales accesibles “para garantizar el respeto y trato justo entre todos sus profesionales” sumándose, así, al compromiso de la Agenda 2030 “para no dejar a nadie atrás”. Sin embargo, CSIF señala que “la falta de criterios inclusivos en el diseño, la adaptación de los puestos de trabajo, en la organización de las tareas y en las medidas de accesibilidad, provoca que la gestión de la diversidad funcional sea en ocasiones muy deficiente”.

En este sentido, quiere llamar la atención sobre las discapacidades sobrevenidas por accidentes de trabajo. CSIF denuncia que hay colectivos, como el de la Policía Local, en los que se puede perder el trabajo tras sufrir una discapacidad como consecuencia de un accidente. En estos casos, estos empleados públicos están obligados a pasar a la jubilación forzosa con una perdida retributiva del 45%.

Por ello, el sindicato ha solicitado la confección de protocolos de adaptación de los puestos de trabajo y la regulación de la segunda actividad para que las personas trabajadoras puedan desempeñar otro tipo de labor dentro de su administración. Con ello -señala- “evitaremos que las secuelas de un accidente laboral supongan una merma de derechos y condiciones laborales”.

Además, CSIF ha puesto de relieve que en la Administración pública no existen planes de acogida ni preparadores laborales que faciliten la incorporación de las personas con discapacidad a sus puestos de trabajo tras aprobar una oposición. Finalmente, la central sindical subraya que este colectivo debe ser incluido en el ámbito laboral cumpliendo con la obligación de contratación de un 5% de personas con discapacidad, más un 2% en el caso de personas con discapacidad intelectual.