Los juzgados onubenses no salieron indemnes del frenazo que se vio obligada a dar la Justicia  en el segundo trimestre de 2020, con la irrupción de la pandemia de la Covid-19 y el decreto gubernamental del estado de alarma que lo paralizó todo. Así lo constataron los datos provinciales de los Informes por territorios sobre la actividad de los órganos judiciales, una completa estadística trimestral publicada recientemente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la que se desprendía que los asuntos abiertos en los 42 órganos de la provincia se elevaron a 41.400 el 30 de junio pasado, una pendencia un 9% superior a la del mismo plazo de 2019.

Fuentes judiciales indicaron entonces a este rotativo que “en marzo se cortó todo y hasta el 4 de junio no se movió prácticamente nada”, a excepción de las tramitaciones más “urgentes e inaplazables, como las de los juzgados de guardia, las causas con presos, los juzgados de Violencia o de Menores, o algún asunto muy concreto en lo Social o los Contenciosos”.

Casi 3.000 procedimientos irresolutos acumularon las jurisdicciones judiciales de la provincia entre el 1 de abril y el 30 de junio. Los ingresados llegaron a caer un 29,4% por la situación sanitaria, situándose en 12.243, pero el confinamiento y la suspensión de los plazos también redujo drásticamente la capacidad de jueces y magistrados para resolverlos, concretamente un 45,5%, pasando de 17.029 resoluciones en el segundo trimestre del año pasado a las 9.289 de este.

Expedientes sobre la mesa de uno de los juzgados de lo Penal de Huelva.

Seis de cada diez asuntos por resolver al final del lapso analizado en el territorio onubense correspondieron al orden civil, 25.050 en total que fueron una media de 1.002 expedientes por cada uno de los 25 juzgados con competencias en esta jurisdicción.

La clave estuvo en que prácticamente en todos los órganos se desplomó la entrada de asuntos, pero la notable merma de la capacidad de resolución de los mismos disparó la pendencia y agravó la tasa de congestión, que en el caso de los juzgados civiles fue del 108,7%.

Pero si hay un orden que preocupa en Huelva, ese es el Social, que se ocupa de los asuntos laborales. El módulo de entrada de asuntos referencial del CGPJ para estos órganos es de 800 al año por juzgado. Los tres onubenses, sin embargo, ingresaron 695 solo en el segundo trimestre y pese al confinamiento; eso sí, fueron el 35,2% menos que un año antes. Su tasa de congestión es del 181,9%, la más alta de todas las jurisdicciones.

Existe, pues, un “atasco fuerte” que está llevando el señalamiento de juicios “a 2022”. Y la situación se agravará “con los ERTE, los impagos, el desempleo”. El orden laboral se encomienda a la entrada en funcionamiento del Juzgado de lo Social 4 de Huelva, ya previsto pero que todavía no está en marcha, para mejorar su situación en 2021.

Plan de Choque de la Junta

La Consejería de Justicia anunció en octubre un “plan de choque” para las distintas sedes judiciales onubenses, encaminado a hacer frente a la “avalancha” de procedimientos generados por la actual crisis derivada de la pandemia de la Covid-19, así como a la “parálisis” en la tramitación de casos.

Este plan se aplica con medidas de “autorefuerzo”, que solo afectan a los juzgados de la capital, donde se prolonga la jornada laboral tres horas durante tres tardes a la semana a un total de 61 funcionarios que ya se encuentran trabajando en los juzgados de lo Penal, Instancia y Familia.

La segunda estrategia se centra en la llegada a los juzgados mixtos de la provincia de siete nuevos funcionarios de refuerzo:  tres para los juzgados 2, 3 y 4 de Ayamonte; dos para los 1 y 2 de La Palma del Condado, uno para el 1 de Valverde del Camino y otro para el 1 de Moguer.

Estreno de la nueva sede de los juzgados Contenciosos de Huelva, en julio.

Familia 2 y dispersión de los Contenciosos

El 3 de noviembre entró en funcionamiento el nuevo Juzgado de Primera Instancia número 9 de Huelva, que en realidad es el Juzgado de Familia 2. Su activación era una medida muy esperada entre los juristas onubenses y se retrasó también debido a la pandemia.

En julio asistimos a la inauguración de la nueva sede de los tres órganos de lo Contencioso-Administrativo onubenses, ahora en la calle Aragón, lo que de nuevo contribuye a la dispersión de los juzgados de la capital.

Archivo de delitos leves en menores

La Delegación de Menores de la Fiscalía de Huelva viene denunciando desde hace años las limitaciones de la sede judicial del Matadero. Pero con la pandemia se agravó tanto la situación que los expedientes de delitos leves se empezaron a archivar de forma masiva e irremediable. En octubre ya eran unos 40, pero el fiscal de Menores, Alberto Campomanes, preveía que la cifra se duplicara al finalizar 2020.

Como motivos, apuntaba a que “no tenemos espacio suficiente para tomar declaraciones, incluso tenemos un fiscal que se desplaza en silla de ruedas y no puede moverse por todas estas instalaciones”.

Es más, en el local que comparten el Juzgado y la Fiscalía de Menores se mezclan “en un pasillito muy pequeño” allegados de una y otra parte porque “no tenemos lugar para separar a la gente”.

La reducción de aforo y la necesidad de guardar las distancias llevó a la Delegación Territorial de Justicia de la Junta de Andalucía a determinar que “únicamente la sala de vistas y otra salita más que tenemos son aceptables para que recibamos al público, siempre previa cita”. Estos dos espacios deben ser compartidos por el personal del propio juzgado, por los dos equipos técnicos y por los cuatro fiscales de Menores. Y el problema es que “las citaciones se nos están alargando y alejando en el tiempo muchísimo y, según la Ley del Menor, los delitos leves solo tienen un plazo de prescripción de tres meses”.

Un momento del juicio del crimen de El Campillo.

Crimen de El campillo: Sin permanente revisable

El que fue el primer juicio con petición de penas de prisión permanente revisable en Huelva comenzó el 12 de febrero. Los cuatro acusados de torturar y matar en septiembre de 2016 al anciano de 78 años José Rachón, que era el guardés de la finca Calero de El Campillo, tras acceder a ella para robar reconocieron su participación en los hechos. El jurado lo tuvo fácil para declararlos culpables de forma unánime. La Audiencia los condenó a penas que van de los 14,5  a los 25 años de prisión.

Caso Mari Luz: Polémica indemnización

En febrero supimos que el Ministerio de Justicia indemnizará con 60.000 euros a los padres de Mari Luz Cortés por el asesinato de la pequeña en 2008 a manos del pederasta Santiago del Valle, al reconocer la causalidad entre su muerte y el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Los progenitores reclamaban 300.000 euros, pero la Audiencia Nacional optó por la cuantía estipulada por el Estado. Cortés señaló a este diario que la cantidad le parecía “humillante” y que invertirán el dinero en un monolito en memoria de Mari Luz, que el pasado 12 de diciembre hubiera cumplido 18 años.

Erasmo y Lisbet en un invernadero de flores.

Violencia machista: Asesinadas con órdenes de protección

En 2020 conocimos el informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los 1.000 primeros casos de víctimas mortales por violencia de género en España. Entre ellas constan siete mujeres a las que mataron en la provincia onubense: María Teresa Otero, Francisca Paredes, Juani Cáceres, Amelia Hernández, Julia Madruga, Teresa Sánchez y Cristina Marin.  Las tres últimas habían presentado denuncia y contaban con una orden de protección que no sirvió para salvarles la vida. En septiembre se celebró el juicio contra Laurentiu Daniel Vassi, quien admitió haber matado a la madre de sus hijas, Cristina Marin, en Lepe. Fue condenado con la conformidad de las partes y ya se encuentra cumpliendo una condena de 20 años y nueve meses de prisión. Unos días después de conocer esta sentencia, Huelva Información avanzó en primicia que el juez ha sobreseído el expediente del crimen de Costa Esuri, al entender que Erasmo Lazcano asesinó el 8 de junio de 2019 a su pareja, Lisbet Lastre, y que después se suicidó. Sin acusado no hay responsabilidad criminal.

Hotel El Coto de Matalascañas: El final de los litigios está cerca

Después de muchos años enmarañados en los tribunales, los litigios en los que está envuelto el Gran Hotel El Coto de Matalascañas comienzan a desenredarse. En febrero supimos que el Supremo confirmó la sentencia por la que se condenaba al dueño, M.B.G., a seis meses de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad por abrir la piscina pese a que se lo impedía una sentencia judicial. Además, entre el 12 y el 15 de enero se celebrará en la Audiencia de Huelva el juicio por el impago a los acreedores del hotel, donde el fiscal ha pedido cinco años de prisión para tres acusados. El Ministerio Público reclama otros tres años de prisión para M.B.G. y el presidente de la comisión liquidadora, A.V.G., por delitos de administración desleal y estafa por subastar ilícitamente propiedades del establecimiento.

María José de los Ríos, mujer de Samuel Vizcaya, sujeta su foto ante el Juzgado de Instrucción 5 de Ayamonte.

Crimen de Cartaya: Cuando el dolor estalla

Fue el 9 de septiembre cuando familiares y allegados del joven onubense Samuel Vizcaya, una de las víctimas del doble crimen de Cartaya, golpearon y sitiaron el furgón policial en el que llegó a la sede del Instrucción 5 de Ayamonte uno de los principales investigados, el cartayero J.A.M.B. En aquella misma jornada en la que no pudieron contener el dolor y la rabia por el homicidio, el abogado de J.M.P.P. llevó a renunciar “por miedo”. Dos días más tarde, el resto de letrados defensores remitían una carta al presidente de la Audiencia para solicitar amparo ante el temor de que se viera mermada su integridad física.

Crimen de Almonte: Del absuelto al expediente del cuchillo

En enero de 2020 el Ayuntamiento de Almonte abría expediente para esclarecer “cuáles fueron las actuaciones que llevaron a cabo” la jefa de la Policía Local y los dos agentes que extrajeron el cuchillo de la alcantarilla del Callejón de los Granados solo unos meses antes de la celebración del juicio por el doble asesinato de Miguel Ángel y María Domínguez, acuchillados en la avenida de los Reyes en abril de 2013 y cuya arma del crimen nunca fue encontrada. Este derivó en la apertura de expediente disciplinario, que finalmente ha sido archivado, cuestión que motivó a finales de noviembre la protesta de la familia de las víctimas, puesto que se enteraron de la noticia por la prensa. Antes, en junio, los familiares de los asesinados pidieron el análisis de las tuberías del escenario del crimen, mientras que la persona absuelta del doble asesinato reclamó al Estado una indemnización por el tiempo que pasó en prisión.