El Ayuntamiento de Huelva destina en los Presupuestos Municipales de 2018 una partida de 400.000 euros para ayudas de emergencia al alquiler, lo que supone un 60% más que en el ejercicio anterior. Las ayudas están dirigidas a familias en riesgo de exclusión social o en situación de exclusión social y se conceden por un periodo de seis meses, prorrogables otros seis meses si se mantienen las circunstancias de los solicitantes. Actualmente cuentan con este tipo de prestaciones 361 familias onubenses, de las cuales 62 se incorporaron este año.

La concejal de la Vivienda, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Esther Cumbreras, manifestó que "es una medida necesaria y un recurso previsto" en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, a desarrollar a partir de 2019, "pero que nosotros venimos ejecutando desde el inicio de la legislatura". Indicó que cuando el actual equipo de gobierno llegó al Consistorio sólo había presupuestado 150.000 euros, y durante el primer semestre "no se había concedido ninguna ayuda hasta que entramos a gobernar". A partir de entonces, "yo atendí personalmente a 300 familias".

Las prestaciones se conceden por un periodo de seis meses y son prorrogables

Recordó que se empezó con 24 expedientes de desahucio que "paralizamos desde la Concejalía en diciembre de 2015". Se reservaron para ello cerca de 15.000 euros. Subrayó que con 150.000 euros no se podía dar respuesta a las 300 familias atendidas, por lo que "al inicio de la legislatura se duplicó la cuantía pasando a 300.000 euros". Subrayó que prácticamente se ejecutó la totalidad en ese año, y el 100% en el siguiente.

Se trata de familias que se pueden encontrar en tramitación de desahucio o en fase de alzamiento, ya desahuciadas o que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca o no pueden acceder a una vivienda porque no tienen disponibilidad económica para ello.

Cumbreras destacó que el equipo de gobierno ha apostado por una Concejalía de Vivienda dirigida a lo social. Apuntó que se ha incrementado el número de técnicos y de administrativos, a lo que añadió que se ha puesto en marcha el Registro de Demandantes de Viviendas, "que estaba paralizado durante la anterior legislatura por la liquidación de la Empresa Municipal de la Vivienda". Comentó que sólo había 400 personas inscritas y "centenares que querían inscribirse para solicitar una vivienda de protección oficial". Ahora la cifra de inscritos asciende a 2.000.

Aparte, hay una Oficina de Asesoramiento ante el Desahucio, en la que median con entidades bancarias, son interlocutores con letrados, secretarios judiciales y jueces "para paralizar esos alzamientos y darle una solución habitacional en el caso de que se produzca o incluso garantizar una dación en pago y que no tengan que salir de sus casas". Argumentó que "el Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado en un tema tan candente como es el acceso a una vivienda digna, por eso hemos elaborado el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que queremos darle cobertura a partir del próximo año".

Incidió en que cuando termina el año contemplado para las ayudas, "no dejamos desasistidas a esas familias. Somos agente colaborador con otras administraciones para la búsqueda de recursos", y puso como ejemplo el programa Alquila", que en caso de exclusión social las ayudas ascienden al 80%, y en riesgo de exclusión social, el 40%. "Si se mantienen las circunstancias y han culminado con el programa Alquila, reanudamos la intervención".