La Audiencia de Huelva ha abierto una ventana judicial a las víctimas de las sustracciones de recién nacidos de la provincia, más de 180 familias según el inventario de SOS Bebés Robados Huelva, que vieron cómo los casos que habían puesto en manos de los jueces de Instrucción se cerraban automáticamente tras el pronunciamiento unánime, en noviembre de 2012, de los magistrados del órgano colegiado.

Entonces, hace ya casi seis años, el Pleno extraordinario de la Audiencia decidió fijar su criterio en la prescripción de los posibles delitos de sustracción de menores y de detención ilegal, lo que impulsó a los magistrados que investigaban las causas a darles carpetazo de forma automática.

Ayer se celebró otro pleno -que tuvo su primera e infructuosa entrega el pasado 17 mayo- en el que participaron los seis magistrados de las dos secciones penales de la Audiencia, la Primera y la Tercera, y donde decidieron por mayoría (cuatro votos a dos) que los jueces de Instrucción pueden investigar en profundidad los casos si lo consideran pertinente, sin verse abocados de forma sistemática al criterio de prescripción en el que, sin embargo, se sigue manteniendo su instancia.

En el acta, a la que ha accedido Huelva Información, se dice que "sin perjuicio de las consideraciones y reflexiones contenidas en nuestro auto de pleno de fecha 19 de noviembre de 2012", los seis magistrados entienden que "dicha resolución no implica el cierre de inicio de la investigación judicial en aquellos supuestos concretos en que la misma se estime procedente por el juez de Instrucción".

En opinión de los expertos consultados por este diario, la afirmación de la Audiencia se debería dar por sentada, es decir, que el juez instructor siempre debe ser libre para incoar diligencias previas, llamar a testigos y tomarles declaración si ve indicios de que se ha producido un delito, "como ocurre con cualquier otro asunto". Luego siempre podrá, en el caso de los robos de bebés, considerarlos prescritos desde el inicio, sobreseerlos provisional o definitivamente si estima que no se ha producido un hecho delictivo o si existe una inconsistencia de las pruebas, declarar la prescripción tras llevar a cabo una investigación completa o acabar imputando a los presuntos culpables de las sustracciones.

La cuestión es que, si finalmente los asuntos llegan por la vía del recurso o por la del propio procedimiento a la Audiencia, los denunciantes se volverán a encontrar con el carpetazo, puesto que los magistrados no han modificado un ápice su criterio.