Huelva

Asaja-Huelva muestra su rechazo al decreto de convergencia aprobado por el Gobierno

  • La organización agraria denuncia que la norma, muy dañina para el modelo social y profesional de la agricultura, se ha hecho a espaldas del sector, en plena pandemia, y con total falta de transparencia

Un tractor realiza trabajos agrícolas en una explotación. Un tractor realiza trabajos agrícolas en una explotación.

Un tractor realiza trabajos agrícolas en una explotación. / Europa Press

Asaja-Huelva, junto al resto de las organizaciones agrarias andaluzas Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, manifiesta su rechazo al Real Decreto de Convergencia aprobado ayer en el Consejo de Ministros por el que se regulan las ayudas de la PAC para las campañas 2021 y 2022, es decir, más allá de lo previsto en el actual marco financiero comunitario, y antes de que entre en vigor la nueva PAC en 2023.

Las organizaciones denuncian que esta norma, "muy dañina para el modelo social y profesional de la agricultura, se ha hecho a espaldas del sector, en plena pandemia, con total falta de transparencia y sin dar a conocer ni un dato".

Por ello, OPAs y Cooperativas Agro-alimentarias anuncian contundentes movilizaciones en cuanto el Covid lo permita, dispuestos a revertir esta situación.

Para el sector agrario andaluz, "la aprobación de esta norma supone un grave perjuicio para el modelo social y profesional de la agricultura, que es clave para la economía andaluza, y va a generar un daño irreversible a un sistema productivo que distribuye riqueza, que genera el 90% del empleo agrario, gestiona el territorio y es el que fija población en nuestra región".

Las organizaciones consideran que lo aprobado ayer por el Gobierno "es una reforma brutal con una convergencia casi total (del 80% de los niveles de ayuda de cada agricultor respecto de la media) de forma inmediata, sin transitoriedad y si límite de impacto en la renta individual de los agricultores".

Se trata, continúan desde Asaja-Huelva, "de una convergencia acelerada y profunda de los derechos de pago básico, que es del todo inoportuna, injusta y gratuita (sin obligación por parte de la UE), y que no va dirigida a fomentar la producción, ni el empleo, ni a luchar contra el despoblamiento, pues pretende plantear una tasa plana que primará la superficie sobre la producción".

Por último, organizaciones agrarias y cooperativas reiteran su compromiso de luchar para que esta situación cambie y se respete el esfuerzo ejercido durante generaciones por este sector "clave para el presente y el futuro de la alimentación y de Andalucía".

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