¿Qué investigador no ha pasado una jornada inolvidable en algunos de los Archivos Municipales de la provincia de Huelva? ¿Quién no ha olido a humedad al abrir esos libros envejecidos por el paso del tiempo? ¿Quién no siente aún esa textura en sus manos al desplazar los tesoros del patrimonio andaluz? ¿Qué investigador no ha recibido con sorpresa la visita de esos alcaguetes que son los pececillos de plata? ¿Quién no se ha emocionado por haber encontrado la pieza que le faltaba del puzle de su investigación?

Los Archivos certifican las actividades de los hombres en los territorios donde han desarrollado su vida. Son férreos notarios que nos hablan del paso del tiempo, de un pasado cercano o lejano, pero también de un presente actualizado. Por todo ello, los municipios intentan conservar, muchas veces con miles sacrificios, estos graneros, que bien atendidos, dan frutos que llevan al desarrollo socioeconómico y cultural de los pueblos. Pero esto no siempre fue así y las distintas calamidades cayeron sobre ellos como si fueran las siete plagas. Las salas lúgubres donde estuvieron, los frecuentes traslados, las ventas de papel viejo e inservible a chamarileros chalaneros, las inundaciones, los incendios o las negligencias y malas prácticas han reducido mucho los metros lineales y condicionado los trabajos de los investigadores.

Pero en todo suele haber siempre un antes y un después. A principios de los años ochenta del siglo pasado se tuvo conocimiento del panorama desolador que aquejaba a los archivos en nuestra provincia, pero especialmente a los municipales. La documentación que quedaba se amontonaba en sótanos, cocheras y locales de todo tipo, desorganizada y atacada por la humedad y la fauna biológica. Mucha había desaparecido como consecuencia de la desidia, el abandono y la falta de sensibilidad. Para salvar el patrimonio documental la Diputación Provincial puso en marcha en 1982 un plan de Organización u “Ordenación” de Archivos locales. Se pretendía la salud del enfermo pero también posibilitar su apertura a ciudadanos e investigadores. No sólo fueron objeto de actuación los fondos municipales también los de Diputación, Juzgados, Protocolos Notariales y algunos privados, como las compañías mineras.

Aquél interesante proceso se detalla en un libro, publicado recientemente, sobre las políticas de Archivos que se han llevado a cabo en las provincias españolas. Más de 30 directores de Archivos de Diputaciones Provinciales de España han sumado sus esfuerzos para escribir y analizar esa lucha titánica por conservar el patrimonio documental. Se hace hincampié en la llegada de la Democracia que condujo a nuevos planteamientos que revalorizaron la historia local y los lazos comunitarios de las poblaciones, vertebrando las comarcas y reforzando su economía. Este despertar archivístico vino acompañado de la aprobación de la Ley andaluza de Archivos de 1984.

Libro sobre labor Diputaciones en Archivos municipales.

La fiebre archivística que convirtió a Huelva, gracias a la labor de la Diputación Provincial, en pionera en el campo de la recuperación documental en España debía tener una continuidad en el tiempo. Se trataba de articular medidas en aras a llevar a cabo una campaña de sensibilización en los Ayuntamientos para contratar archiveros.

Poco a poco fueron cubriéndose numerosas plazas de técnicos en las poblaciones más importantes e incluso en Delegaciones de la Junta de Andalucía y empresas privadas, como la Fundación Riotinto. Hoy los generales que defienden nuestros Archivos municipales forman parte de las plantillas de personal de 15 municipios: Aljaraque, Almonte, Aracena, Ayamonte, Bollullos Par del Condado, Cartaya, Gibraleón, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Moguer, Palos de la Frontera, La Palma del Condado, Punta Umbría y San Bartolomé de la Torre.

En los territorios más deprimidos de la provincia, con municipios y presupuestos económicos pequeños se ideó un sistema de Archiveros de Zona bajo el paraguas técnico y financiero de la misma Diputación. Actualmente continúan su trabajo cuatro en las comarca de la Sierra, Campiña-Andévalo, Condado y Campo de Tejada.

También se recoge en esa publicación mencionada el impacto de la Ley, 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental, que creaba el Sistema Archivístico de Andalucía. Sin embargo, los presupuestos de la Comunidad Autónoma nunca han sido generosos con los municipales.

A lo largo de los últimos treinta años la valorización de sus fondos se ha hecho también mostrando y divulgado los fondos documentales. En la provincia de Huelva se ha apostado por las exposiciones tanto en la capital como en la provincia con fondos de la administración local, destacamos la celebrada en el Museo de Huelva en 2016, comisariada por el Jefe de Servicio del Archivo de la Diputación y el Director del Museo de Huelva, donde hubo una selección de los documentos más singulares de la provincia. Con la misma intención se han publicado facsímiles de Privilegios de Villazgo, Cartas Pueblas u Ordenanzas municipales.

Durante este siglo XXI los Archiveros onubenses, al igual que las de otras provincias españolas, están afrontando importantes retos, entre los que se cuentan la mejora de las instalaciones, la incorporación a la administración electrónica o definir el papel que le asignan las nuevas leyes de transparencia de la Administración Pública.

Mientras tanto, cada día y de forma silenciosa, en numerosos Archivos de esta provincia desarrollan su labor para mejorar la gestión de sus respectivas instituciones y conservar uno de los patrimonios más singulares de Andalucía. Y se enfrentan a diario con el aluvión de nueva legislación sobre el tema electrónico que refuerza los derechos de los ciudadanos y pone en un brete a las Organizaciones, especialmente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que señalaba el 2 de octubre de 2018 como fecha límite para contar con el Archivo Unico Electrónico.

Dentro de este proceso las instituciones locales de la provincia de Huelva reproducen dos situaciones, por una parte, está la Diputación Provincial y varias decenas de poblaciones que han optado por el código abierto, dotándose de aplicaciones que se desarrollan en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Junta de Andalucía o Diputación Provincial de Sevilla. Otra parte de los municipios, los de mayor población, han adquirido productos de empresas privadas.

A pesar del incuestionable avance tecnológico se carece en la mayoría de nuestros Archivos municipales de una aplicación de Archivo Electrónico que permita la migración de datos desde las oficinas a los Archivos Centrales. A ello se suma el pequeño o nulo papel que se les da a los Archiveros en su puesta en marcha, residiendo gran parte del peso de las decisiones en los servicios de Informática y en secretarios e interventores.