Huelva

Administradores de fincas piden una solución global para los pisos turísticos

  • El COAF aboga por la futura Ley de Propiedad Horizontal, ya que el problema "no debe recaer sólo" en las comunidades de propietarios

Una de las reivindicaciones del sector es que se regule el arrendamiento turístico como actividad económica. Una de las reivindicaciones del sector es que se regule el arrendamiento turístico como actividad económica.

Una de las reivindicaciones del sector es que se regule el arrendamiento turístico como actividad económica. / h.i.

La iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de regular las viviendas de uso turístico, y que otorga el poder a las comunidades de propietarios a la hora de decidir sobre este tipo de inmuebles (tal como la anunció la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver) ha generado un aluvión de reacciones, entre ellos el de la administración de fincas, desde los Consejos Generales de Colegios a nivel nacional y regional, hasta los mismos colegios territoriales.

Desde el Colegio de Administradores de Fincas (COAF) de Huelva agradecen que se otorgue poder desde la Administración a las comunidades de propietarios, que en caso de mayoría de votos tendrán "la posibilidad de vetar una vivienda destinada a uso turístico".

El colegio pide que se articulen mejor las competencias de la Junta de Andalucía

Aunque, según señalan, en la provincia onubense no ha habido apenas incidentes con las viviendas turísticas, como en otros territorios como Cataluña, el Levante o en provincias vecinas como Málaga, donde se han dado importantes problemas de convivencia vecinales, con continuas quejas de los propietarios sobre las molestias causadas por la vivienda turística.

No obstante, el colectivo onubense asegura estar de acuerdo con la consideración del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (Cgcafe), por lo que defiende que el peso del problema de las viviendas turísticas no recaiga únicamente en las comunidades de propietarios, por mucha mayoría cualificada que se dé.

"Pensamos que la solución pasa por la nueva Ley de Propiedad Horizontal (LPH), cuya propuesta se presentó en el anterior Congreso Nacional de Administradores de Fincas", señalaron. En este sentido, el presidente del COAF, David Toscano, coincide con su homólogo en el Cgcafe en que la problemática de las viviendas turísticas requiere una "solución global", que pasa por una nueva Ley de Propiedad Horizontal que "regule la vida en el seno de las comunidades, una normativa fundamental, entre otras cosas, para mejorar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, adecuar la normativa a los tiempos actuales y garantizar los derechos de las comunidades y los propietarios frente a terceros".

Toscano insiste en que uno de los objetivos principales de la LPH es adaptar la normativa que ampara a los administradores de fincas a la nueva realidad social, y, "por supuesto, las viviendas turísticas son un fenómeno que entra en este escenario".

A su juicio, sólo la futura Ley de Propiedad Horizontal dotará a los administradores y a las comunidades de las herramientas necesarias para poder defender sus derechos e intereses.

De este modo, el COAF entiende que la fuerza y la decisión no deben recaer únicamente en las comunidades vecinales, sino que deben articularse asimismo las competencias específicas de la Administración autonómica en esta materia.

En consonancia con lo expuesto por el Cgcafe, "si se traslada toda la decisión a las comunidades de propietarios se añade un nuevo foco de conflictos en la complejidad que ya tienen, por sí mismas, las relaciones vecinales".

Por otro lado, otra de las reivindicaciones del sector es que se regule el arrendamiento turístico como actividad económica, así como establecer en la nueva normativa cómo se puede elevar al Registro de la Propiedad el acuerdo de la comunidad de propietarios donde se recoge si permiten o no las viviendas turísticas, ya que en el caso de que este acuerdo de junta de propietarios no se registre, sólo afectará a los propietarios actuales, y los futuros compradores de pisos, de este modo, no estarían obligados por este acuerdo.

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