Huelva

Acaip pedirá a Interior el cese del director de la prisión de Huelva

  • El sindicato penitenciario acusa a Alejandro Zulueta de "dejación de funciones" y de "mala gestión"

José Juan Serrano, José Ramón López y Antonio Galindo, ayer.

José Juan Serrano, José Ramón López y Antonio Galindo, ayer. / alberto domínguez

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) solicitará al Ministerio de Justicia y a la Secretaría de Instituciones Penitenciarias el cese inmediato del director del centro penitenciario de La Ribera, Alejandro Zulueta, por "dejación de funciones, por una clara falta de capacidad técnica, por la inexistencia de habilidades sociales, por la gran prepotencia que ejerce hacia los internos y los propios funcionarios" y, en general, por "su mala gestión".

Así lo anunció ayer en Huelva el presidente nacional del sindicato de prisiones, José Ramón López, quien recordó que Zulueta "es el único director de España que ha deducido los haberes a los trabajadores que no pudieron acceder al centro penitenciario porque una concentración sindical cortaba el paso", una media de unos 40 euros por funcionario.

López citó el "auténtico caos" que ha supuesto el sistema automatizado de instancias, con "más de 2.000 bloqueadas", como ejemplo de que "cada cosa nueva que hace es un desastre".

Acompañado por el delegado de Acaip en la prisión onubense, José Juan Serrano, y por el delegado del sindicato en el Centro de Inserción Social (CIS), Antonio Galindo, señaló que pese a que el Gobierno aboga por incrementar la concesión del tercer grado penitenciario a los reclusos, Zulueta "hace todo lo contrario, ya que durante su mandato las ha reducido en un 50%". Tanto es así que el CIS onubense solía tener de media unos 110 usuarios "y ahora no llegan a 60". Entiende que lo que ocurre en La Ribera es lo que los presos llaman "comerse una condena plus, porque solo los mandan al CIS cuando están a punto de salir, por lo que sería como una condena perpetua revisable". Esta situación, que además "no se justifica", hace que los reclusos salgan a la calle sin haber trabajado en ningún lugar ni tener una incorporación progresiva a la sociedad, "lo que es contrario al criterio de reinserción y abunda en la reincidencia delictiva".

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