Junta de Andalucía y sector de los frutos rojos respondieron ayer a la denuncia pública realizada por la Mesa de la Integración sobre los asentamientos de chabolas en la provincia de Huelva, que en la época fuerte de la campaña alcanza las 2.500 personas. Lo hicieron mostrando su preocupación por la situación y con una declaración de intenciones, pero poco más. Administración regional y productores freseros abogaron por "la coordinación" entre todas las administraciones competentes (ayuntamientos, Gobierno andaluz y el Gobierno central) para solucionar "el problema" de los asentamientos.

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, apuntó la necesidad de "hacer un trabajo de colaboración y coordinación entre todas las administraciones porque es una labor de todos y "seguir avanzando en esta colaboración y en esa contratación en origen". El consejero se refirió al foro de interlocución creado al respecto que abordará el asunto.

El gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, señaló que "se trata de un tema que viene de largo en el que las competencias las tienen las distintas administraciones al estar ubicados estos asentamientos en distintos lugares, en fincas privadas o en suelo protegido"

Domínguez rechazó que el sector haya provocado un efecto llamada al publicar las ofertas de empleo y dejó claro que no cree que estos asentamientos estén vinculados a la producción de los frutos rojos, que "no es permanente" todo el año cuando sí existen asentamientos crónicos.

El gerente de Freshuelva precisó que las administraciones competentes "deben realizar una labor pero con anticipación, no solo en estos momentos", así como "regularizar la situación de estas personas y otorgar los permisos es una cuestión de normativas que las ponen las administraciones y no de las organizaciones agrarias.