Elecciones

Cuando D'Hondt aprieta

  • El recorte en el número de diputados a elegir al Congreso condiciona los resultados de hoy al incidir en una menor proporcionalidad, que redunda en menor presencia de partidos minoritarios

Cuando el matemático y profesor de Derecho belga Víctor D'Hondt diseñó en 1878 un sistema para repartir escaños, quizá no se imaginara que el proceso que pergeñó fuese a condicionar los procesos electorales de media Europa. Al menos, de la Europa proporcional. Ni que ese proceso fuera tan relevante y característico para jornadas electorales como la de hoy, donde su influencia será clave para el proceso para la elección de diputados. Este año, y en la provincia de Córdoba, don Víctor va a estar aún más presente puesto que los escaños a repartir son menos y las posibilidades quedan condicionadas por ese sistema, adoptado en España a raíz de la Transición a la Democracia, la redacción de la Constitución y, sobre todo, la creación del cuerpo legal electoral, expresado en una ley orgánica.

El señor D'Hondt tendrá en estas elecciones generales, al menos en Córdoba, un papel de mayor presencia que en ningún otro enfrentamiento. La razón es que se va a repartir menos puestos y ello condiciona, de forma inevitable, el resultado final. Tanto, que es muy probable que los esfuerzos de los partidos mayoritarios por sacar más votos que el contrario no tengan, a efectos reales, grandes consecuencias para los integrantes de sus candidaturas.

En primer lugar, es preciso incidir en las diferencias. Córdoba, en estas generales, elige un diputado menos porque su peso de población en el conjunto del Estado es menor. Se elegirán seis, y no siete diputados como en otras ocasiones. Sin embargo, la población ha caído apenas unos puntos y no una séptima parte. Por ello, hay que deducir que Córdoba estará estructuralmente peor representada puesto que el número de diputados ha bajado más que los electores reales.

¿Cuál es la relevancia a efectos del resultado electoral? España dispone de un sistema electoral proporcional con listas cerradas, salvo en el caso del Senado que es mayoritario y de listas abiertas. Esto implica que se obtiene representación en función de las proporciones que no responden a la máxima de un hombre, un voto. El hecho concreto de que Córdoba haya perdido, proporcionalmente, más diputados que población implica de forma lógica que cada escaño saldrá muy caro, carísimo.

En primer lugar, habría que explicar cómo funciona el método D'Hondt. A efectos generales, supone rellenar una serie de casillas dividiendo la cantidad de votos que obtiene cada partido por el número de escaños en liza. Esto es, si un partido logra 200.000 votos se divide entre uno, dos, tres y así hasta el número de diputados a repartir, que en este caso serían seis. Esta operación ha de realizarse con cada una de las formaciones políticas que dispongan de una cantidad de votos que supere el tres por ciento de los emitidos. La distribución de escaños, a grandes rasgos, se realiza ordenando los cocientes de mayor a menor y asignándole diputado a los seis primeros (13 en el caso de los parlamentarios autonómicos, ya que las elecciones andaluzas también funcionan mediante el mismo sistema).

Por lógica matemática, este proceso tiene beneficiarios y víctimas. Beneficia a los grandes partidos políticos, que reciben la mayor parte de los escaños en liza. De hecho, este sistema se eligió entre todos los posibles puesto que, se suponía, generaba instituciones estables e incorporaba a los nacionalismos destacados como parte de la soberanía popular. Sin embargo, cuando la proporcionalidad decrece tiene un defecto. Y es que resulta poco sensible a los crecimientos y a la diversidad del voto. Tener pocos apoyos más en el escrutinio no implica contar directamente con más diputados. También es poco sensible a fuerzas políticas que cuentan con presencia pública de relevancia pero no suficiente como para entrar en la competición de divisiones que es la regla D'Hondt. Algunos partidos y destacados juristas llevan mucho tiempo reclamando un cambio de sistema, con soluciones que varían desde elegir a 50 diputados más hasta colocar frenos a la presencia de los nacionalistas para primar opciones estatales.

En el caso concreto de las elecciones generales de este año, y con el actual panorama en la mano, es muy probable que aunque un partido obtenga más apoyo social tenga los mismos diputados. En esta misma página, se reproducen los votos de las elecciones generales de 2004, donde se repartieron siete escaños, y su extrapolación a 2008, con seis. Si todo siguiera igual, el PSOE obtendría cuatro escaños y el Partido Popular dos (dejando a IU sin diputado alguno). Ello sin embargo es una mera extrapolación contando con que todas las variables sigan igual. Esto implicaría que la participación volviera a ser del 78,5 por ciento, algo por encima de la media pero lejos de los comicios en los que más cordobeses votaron, las del gran triunfo electoral de Felipe González en 1982, en la que se acercó a las urnas en la provincia de Córdoba el 84,57 por ciento del censo. Los socialistas, e implícitamente los populares, han desarrollado una campaña donde la participación es clave. Los mensajes estaban tan centrados en que la gente saliera de casa hoy como de la orientación de sus apoyos. Y es que los expertos electorales saben de sobra a quién beneficia y quién perjudica una tasa alta o baja de presencia ante las urnas con la dificultad añadida de prever cuál será la incidencia del atentado de ETA.

En las generales de 2004, el PSOE obtuvo casi 80.000 votos más que el Partido Popular. Para obtener un diputado, había que disponer, al menos, de 55.000 votos. Y la diferencia entre los últimos escaños no era cualquier cosa: cerca de 20.000 votos, casi una décima parte de los votos totales del partido más apoyado.

Dicho de forma directa, los partidos son conscientes de que a menos diputados, la posibilidad de un empate en escaños crece exponencialmente. Y también saben que entre tres partidos al reparto (y no dos) se convierte en una dificultad añadida. En este contexto, las probabilidades matemáticas de que sólo PSOE y PP tengan acceso a los sillones de la Carrera de San Jerónimo son muy altas, siempre que no exista una incidencia de voto acusadísima sobre Izquierda Unida o Coalición Andalucista.

En el Parlamento andaluz, nada ha cambiado para que monsieur D'Hondt tenga que asomar sus bigotes. Aquí se siguen eligiendo los mismos escaños en el Hospital de las Cinco Llagas, sede de la cámara andaluza, 13. En los anteriores comicios, las algo más de 600.000 personas llamadas a las urnas (de la que votaron 496.000) le dieron el apoyo al PSOE en un 45,88 por ciento, en un 30,8 al Partido Popular, en un 11 a Izquierda Unida y en un 6 a los andalucistas del PA. El mayor número de escaños a repartir le permitió a la coalición de izquierdas y al partido inspirado en el ideario de Blas Infante a tener presencia institucional. En este aspecto, sólo hay que anotar que, en los anteriores comicios, las candidaturas socialistas y populares al Congreso tuvieron más votos en términos absolutos que las mismas papeletas al Parlamento andaluz. Existe, pues, una mínima variación de voto entre las urnas de representantes en Madrid y Sevilla. Es más, la participación en las últimas autonómicas fue tres puntos mayor que en las generales.

El Senado es otra cosa. En la Cámara alta rige el sistema mayoritario de listas abiertas. Aquí hay una sola papeleta en la que el votante puede señalar a quien le parezca oportuno, sea del partido que sea, con un límite de número. Se reparten cuatro escaños en la institución por la circunscripción de Córdoba. Teóricamente, obtiene escaño quien tiene más votos absolutos sin entrar en proporciones ni sistemas de cocientes.

Sin embargo, parece un lugar común dentro de los esquemas electorales que el sistema de partidos se encuentra tan interiorizado que raro es el votante que busca a su político favorito, al que le parece mejor preparado o más honesto. Tanto es así que las fuerzas políticas se han inventado una figura inexistente: el cabeza de lista al Senado. En puridad, cada partido nombra hasta tres candidatos y un suplente que se ordenan por orden alfabético. La realidad es que se fomenta que el votante rellene las tres casillas del mismo partido en vez de aprovechar la virtud del sistema y es la de elegir a su senador, con nombre y apellidos.

Por esta razón, y aunque no sea una verdad teológica, lo normal es que los senadores del partido con más votos se lleven tres escaños mientras que el cuarto se vaya al primer nombre que aparece en la lista del segundo partido más votado. No siempre ha sido así. Izquierda Unida obtuvo un senador electo, el único de su historia, en la persona de Rafael García Contreras. Los partidos saben que esa opción sólo forma parte de una coyuntura política convulsa, en la que las diferencias entre partidos se estrechen y donde las personas, y no las siglas, pasen a contar con una gran incidencia.

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