La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) aceptó prorrogar hasta el próximo 31 de marzo el plazo con el que la ponente del juicio del caso Nóos, Samantha Romero -encargada de redactar la sentencia de la causa-, cuenta para dedicarse en exclusiva a este proceso y poder, de esta forma, continuar exenta de tramitar otros procedimientos judiciales.

El acuerdo, adoptado por unanimidad, fue adoptado después de haberlo solicitado la magistrada -miembro de la Sección Primera de la Audiencia provincial y quien presidió el tribunal que enjuició el caso-, atendiendo a la complejidad del asunto y teniendo en cuenta el carácter improrrogable y excepcional con el que se plantea la medida. El plazo con el que ya contaba la magistrada para trabajar únicamente en la sentencia de Nóos fue adoptado el pasado 25 de junio y concluía el 5 de diciembre, motivo por el que solicitó que le fuese ampliado. Tras la celebración del juicio, la ponente había sido liberada de asumir otros asuntos durante 63 días hábiles, los mismos que duró la vista oral. No obstante, ello no implicará que la sentencia deba dictarla obligatoriamente antes de marzo.

El acuerdo, igual que el del pasado 25 de junio, contempla exonerar temporalmente a Romero del reparto de otros asuntos de su Sección hasta que se dicte la sentencia. Se aplica, de este modo, el criterio general de reparto interno de la Sección Primera, por el cual, y de forma automática, se exonera del mismo a las ponencias en causa compleja por un plazo equivalente a la duración del juicio. El reparto es asumido por el resto de magistrados de la Sección.

La Sala de Gobierno del TSJIB valorará próximamente medidas adicionales para el refuerzo de la Sección Primera. El juicio del caso Nóos quedó visto para sentencia el pasado 22 de junio tras más de seis meses en los que el tribunal puso la lupa sobre el presunto desvío de más de seis millones de euros públicos a través del Instituto Nóos, y que por primera vez sentó en el banquillo de los acusados a un miembro de la Familia Real, la infanta Cristina, bajo una petición de ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.

Desde que el pasado 11 de enero arrancase el juicio, además de los 17 acusados de la causa, comparecieron en el tribunal más de 300 testigos y numerosos peritos cuyos interrogatorios fueron dirigidos a esclarecer el supuesto desvío de 6,2 millones de euros de las Islas Baleares, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana a través de los distintos eventos organizados por el Instituto Nóos, y cuyo coste fue notablemente inferior a los fondos abonados por las administraciones.