Laúltima palabra corresponderá, obviamente, al Tribunal Supremo. Pero lo que Jeremy Bentham definiera como "el gran tribunal de la opinión pública" ya ha alcanzado una clara -y severa- conclusión respecto de los políticos que pilotaron el procés independentista: han cometido un delito. Lo piensa así el 80% de todos los españoles e, incluso, la mayoría (53%) de los catalanes. Las opiniones se dividen en cuanto a la gravedad del mismo, con ligero predominio, en el conjunto de España de quienes la consideran máxima (en Cataluña predominan en cambio quienes atenúan ese grado de gravedad). La ciudadanía parece así tener claro que, ya fuera más o menos conscientemente y más o menos en serio (o bien sólo "de farol", como incluso se ha llegado a argumentar), lo cierto es que se violentó la legislación vigente (el propio Estatuto catalán, la Constitución que lo arropa). Y fuese en serio o en broma (muy pesada, sin duda), en democracia eso siempre tiene un coste, pues el respeto -de todos- a la ley es precisamente su seña principal de identidad. Y España (según todos los más recientes índices evaluativos internacionales) es una democracia plena, incluso en alguna mayor medida que países como Estados Unidos, Francia o la acogedora Bélgica.

¿Posibles medidas de gracia para los ahora acusados, si finalmente son condenados? En principio, los españoles no se muestran propicios, pero las opiniones en este punto no son ya tan rotundas: 56% en contra, 44% a favor. Es decir, llegado el caso, y según se desarrollen en adelante los acontecimientos, este estado de opinión no parece imposible de revertir. Tras estos datos cabe vislumbrar, quizá, el difuso deseo de un borrón y cuenta nueva.

Los múltiples sondeos dedicados por Metroscopia a este tema a lo largo de estos últimos años, revelan el permanente anhelo (continuamente frustrado) de la ciudadanía, a uno y otro lado del Ebro, de una solución pactada que permita un encaje satisfactorio de Cataluña en España.

Tan pronto como se plantea esta opción (en vez de la simplista dicotomía independencia sí/independencia no), apenas un tercio de la ciudadanía catalana sigue prefiriendo la ruptura total con la democracia española. Una opción sin duda tan legítima como, también, minoritaria. A la fracción de catalanes que cabe definir como independentistas por reacción, más que por convicción (en torno al 20% del total), puede corresponder en adelante un papel clave a la hora de propiciar una salida al actual impasse.

En todo caso, si hay algo que a estas alturas resulta ya incuestionable (por más que desde el independentismo se intente negarlo) es que, por el momento, el único -y bien triste- logro del proceso independentista ha sido partir Cataluña en dos: así lo percibe el 56% de la ciudadanía en Cataluña y el 83% en el resto de España. Algo que nunca antes había ocurrido: en ningún momento histórico, hasta el actual, el conflicto catalán había sido, ante todo y sobre todo, de media Cataluña frente a la otra media.

Y lo tristemente paradójico es que eso se está produciendo precisamente en una sociedad en la que el 95% de sus ciudadanos se definen inequívocamente como catalanes: solo que unos (apenas la cuarta parte) como solamente catalanes-catalanes (técnicamente, nacionalistas excluyentes), y el 70%, y con más o menos matices, como tan catalanes como españoles (nacionalistas incluyentes; o, si se prefiere, multiculturales en el sentido en que en el mundo actual debe entenderse la multiculturalidad: la capacidad individual de integrar, armónicamente, señas de identidad, valores y símbolos de origen muy diverso).