La administración Biden tiene a España en la lista de países receptores de refugiados centroamericanos. Un documento preparatorio de la cumbre de las Américas que se celebra a partir de mañana en California desvela que EEUU confía en que España acoja a un "número simbólico pero significativo" de los refugiados centroamericanos que han ido llegando a ese país. Esa posibilidad ya se abordó recientemente en una reunión bilateral entre España y EEUU. Durante 2020 España recibió peticiones de 15.000 personas solicitantes de protección internacional, procedentes sobre todo de Honduras, El Salvador y Nicaragua.

La región vive momentos delicados: a la desaceleración económica se suman los problemas de pobreza -intensificado por la pandemia-, graves amenazas climáticas, crisis sociales de todo tipo y una violencia creciente derivada del narcotráfico y de las bandas. Políticamente es un volcán. Valga como paradigma la dictadura -pasada por unas urnas que no ha reconocido nadie- de Daniel Ortega en Nicaragua o el nuevo gobierno populista de Costa Rica, que ha sido históricamente el país más estable e institucionalizado de la región. Con ese panorama, a nadie le extrañará el éxodo masivo de ciudadanos buscando una vida mejor.

España asumirá su cuota

España asumirá la cuota de refugiados que pacte, pero además necesita una política de inmigración clara y sostenida en el tiempo. Se están dando pasos en la UE, como el acuerdo reciente entre los países del Mediterráneo que han vivido en sus aguas las tragedias de los ultimo años - España, Italia, Grecia, Chipre y Malta- para desbloquear las negociaciones sobre el pacto Europeo de Migración y Asilo "respetando los principios de responsabilidad y solidaridad". Al fin y al cabo se trata de ordenar el proceso, combatir a las mafias que se lucran con el tráfico de personas, repartir entre los países de la UE la responsabilidad de la acogida y trabajar en los países de origen.

Envejecimiento y sistema insostenible

Esa es la vertiente humanitaria, imprescindible y obligada. Pero hay una mirada sobre la mano de obra inmigrante que es incluso egoísta y que España no debe obviar.

La longevidad de la población y la pírrica tasa de natalidad en nuestro país nos lleva por un lado al incremento del gasto en sanidad, dependencia o pensiones a la vez que tenemos un número insuficiente de cotizantes para sostener el sistema. Los expertos trabajan ya con modelizaciones sobre las futuras nuevas formas de consumo y con un sistema fiscal más exigente. Este fenómeno va a cambiar el mundo como lo conocemos. No hay fórmulas mágicas: o hay más gente aportando a la hacienda pública o los que aportan tendrán que poner más y durante más tiempo, o sea jubilarse más tarde. Es un problema global: la Organización Mundial de la Salud calcula que entre 2020 y 2030 el porcentaje de habitantes del planeta mayores de 60 años va a crecer un 34%, y en 2050 superará con creces al de jóvenes de entre 15 y 24 años. Actualmente hay 8.000 millones de personas en el planeta. Se calcula que en ocho años se incrementará en 500 millones más, para llegar hasta los 11.200 millones en 2100. Ítem más: la natalidad está mal repartida: el África Subsahariana seguirá teniendo una natalidad imparable frente a los países de la UE, por ejemplo.

Entre las soluciones de futuro en los países envejecidos -los más desarrollados- figura la apertura a la inmigración. El milagro económico español del 2008, sin entrar en otros detalles, se produjo entre otras cuestiones -cada año se batía el récord de casas construidas y el dinero fluía barato y fácil- gracias a la mano de obra inmigrante, que tiró del sector de la construcción y de otras ocupaciones que permitían que la economía explotara. De hecho, desde la década de los noventa la inmigración ha sido el primer factor de transformación del mercado laboral español.

Nuevas normas migratorias

El Gobierno va a dar un paso relevante a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha activado una reforma normativa para permitir que los extranjeros puedan trabajar legalmente en nuestro país incorporándose a los sectores más demandantes de mano de obra. La falta de trabajadores dispuestos a trabajar en el sector del campo, la hostelería, la construcción o el transporte está poniendo a muchas empresas contra las cuerdas. Las tres ideas del decreto son ampliar la contratación en origen incluyendo otros perfiles de trabajadores (hoy casi reservado a los temporeros), habilitar legalmente a los extranjeros que están en España para que puedan trabajar y propiciar que los inmigrantes en situación regular que se formen en sectores que demandan personal puedan obtener papeles. Seguramente no se es consciente de cuántas cosechas quedarían sin recoger si inmigrantes en situación irregular, sin contratos ni papeles, no se encargaran de recogerlas.

Corren malos tiempos para abordar con profundidad, consenso y estabilidad un debate a fondo sobre la inmigración. La propuesta del ministro Escrivá no es una regularización masiva de inmigrantes, aunque pueden contar con que esa idea falsa se repetirá hasta la saciedad. Propone un sistema que racionaliza la relación con los inmigrantes irregulares cumpliendo determinadas condiciones y que permite acabar con el estrangulamiento de sectores que no encuentran en España la mano de obra que solicitan.

Con notable frivolidad ideológica y espúreos intereses crece en algunos ámbitos de la sociedad una mirada torva sobre los inmigrantes, se les criminaliza y, por supuesto, se les niega el derecho al trabajo. Cuanto más oscuro está más necesitamos de políticos y líderes sociales capaces de hacer lo que hay que hacer, sin miedo a impartir la pedagogía necesaria y asumir sus consecuencias, sin estar todo el día con el contador de votos en la mano.

Feijoo, desatado

La política del gobierno de la nación respecto a Marruecos ofrece muchos flancos para la crítica. No cabe duda. Especialmente el bandazo respecto al referéndum del Sáhara, insuficientemente explicado en un país que mantiene una simpatía social relevante por los saharuis, a los que se abandonan a su suerte. Pero de ahí a que Núñez Feijoo se reúna con el primer ministro marroquí, Azaiz Ajanuch, para ofrecer su "lealtad" como contraposición al ejecutivo español no es más que un mal presagio de lo que viene. El PP cree haber olido la sangre y va a apretar contra el Gobierno y especialmente contra Pedro Sánchez en todos los frentes. "Nunca vamos a ser desleales con ese país. No vamos a hacer pactos que rompan la confianza, como ha hecho el gobierno con el líder del frente polisario, no vamos a mandar cartas sin conocimiento de las Cortes Generales y no vamos a tomar decisiones contra la opinión de una parte del Gobierno, como es el caso de Pedro Sánchez", le dio el líder del PP al primer ministro marroquí en Roterdam, sin aclarar aún la posición oficial del PP respecto al referéndum.

¿Límites de Estado?

España tiene una debilidad clara: cada cuatro años cambiamos nuestra política mientras que los marroquíes, apoyados en una monarquía vitalicia, tiene continuidad plena en sus posiciones. El PP no ha sido precisamente un ejemplo en sus relaciones con el país vecino. La etapa de Aznar fue dura; Rajoy, más pragmático, destensó la situación.

Es obvio que la política exterior de un estado está conectada con su política interior. No son realidades paralelas pero existe un interés superior de país que debiera servir como límite. Tampoco evitó criticas Feijoo en foros comunitarios a la ejecución presupuestaria del gobierno. Lo hizo ante el plenario de los conservadores europeos. Y también durante la semana calificó de "apartheid" el sistema lingüístico catalán, una descalificación que ofenderá a muchos por más espacio que hay a la crítica. Lo dicho, vienen curvas