Elecciones 10-N

Los últimos bulos electorales: censos inflados y fraude en el voto por correo

  • Un vídeo atribuye los casi 200.000 nuevos electores residentes en España contabilizados entre enero y septiembre a la llegada de inmigrantes irregulares

  • Otras publicaciones cuestionan la transparencia y garantías del voto por correo o que Indra sea la encargada de transmitir los resultados del recuento.

Oficina de Correos con carteles para recoger el voto.

Oficina de Correos con carteles para recoger el voto. / Carlos Gil

Como en cada campaña electoral, las redes vuelven a llenarse de teorías conspiratorias sobre supuestos pucherazos, censos inflados, manipulación del voto por correo y otros fraudes electorales que ponen en duda la calidad de la democracia. Éstos son algunos de los más recientes:

El 10-N podrán votar casi 200.000 inmigrantes irregulares

Circula desde hace días en las redes una publicación de un blog y un vídeo en YouTube que atribuye los casi 200.000 nuevos electores residentes en España contabilizados entre enero y septiembre a la llegada de inmigrantes irregulares, pero este colectivo no puede votar y los mensajes que difunden semejante idea obvian un factor tan determinante como el número de españoles que han cumplido 18 años.

"¿No era que la natalidad está en negativo? Y en nueve meses de repente tenemos ¡¡¡200.000 españoles más que pueden votar!!! ¿Cuántos eran los ilegales que han entrado en España en el último año? ¡¡Impresionante la cantidad de gente que se ha hecho española solo desde enero!!! ¡¡45.000 nuevos españolitos!!". Estas son las ideas más repetidas en el vídeo y los mensajes que le acompañan.

Sin embargo, el único dato real de toda esta retahíla es que en septiembre había casi 200.000 (193.466, concretamente) electores residentes más que en enero. Según los datos del Censo electoral de residentes en España (CER) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cifra total a 1 de septiembre era de 34.788.670 censados, frente a los 34.595.204 del pasado 1 de enero.

Aunque, finalmente, la cifra actualizada para los próximos comicios generales eleva a 34.872.049 los residentes en España (además de 2.128.559 residentes en el extranjero) que podrán votar el próximo día 10, según los datos oficiales hechos públicos por el INE.

En cuanto a los inmigrantes irregulares, entre enero y septiembre llegaron a España por vía marítima y terrestre 22.892, un 45% menos que en el mismo periodo del año anterior. Y en el conjunto de 2018 lo habían hecho 64.298. Pero, en cualquier caso, sería absurdo relacionar estas cifras con el aumento del censo, de acuerdo con los requisitos necesarios para ser nacionalizado español.

Los últimos datos disponibles en el INE sobre adquisiciones de nacionalidad española son de 2018, año en que se nacionalizaron 90.828 personas, pero no podían ser inmigrantes recién llegados a España de forma irregular. ¿Por qué?

Porque, en líneas generales, para lograr la nacionalidad española por residencia hace falta haber vivido en España de forma legal durante los últimos 10 años o, en su defecto, estar sujetos a la patria potestad de un español o ser hijo de un español nacido en España, explica el Ministerio de Exteriores en su sitio web.

En algunos casos, el periodo exigido para obtener la residencia es menor: para los refugiados (tras cinco años); los sefardíes o nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal (dos años); y para quienes tiene familiares españoles (un año para cónyuges, viudos, nietos o tutelados de españoles).

En todo caso, los mensajes que insinúan que se está otorgando el voto a los inmigrantes irregulares no tienen en cuenta un dato muy relevante para la actualización del censo: los jóvenes que pasan a adquirir la condición de electores al cumplir 18 años. Y, solo desde los anteriores comicios generales del 28 de abril, son ya 226.771 los que pueden votar por primera vez.

Sánchez utiliza Correos para manipular votos a su favor

Otras publicaciones cuestionan la transparencia y garantías del voto por correo. Entre ellas, destaca un reciente vídeo de LaContra TV en el que se acusa al PSOE de utilizar el INE y Correos para apropiarse de los datos de electores residentes en el extranjero con el fin de introducir sobres con papeletas socialistas en las sacas del voto por correo.

"El voto por correo está siendo manipulado", se asegura en el vídeo, que compara la participación electoral de marzo de 2000 y de abril de 2019 -con cifras en muchos casos erróneas- para denunciar como sospechoso que, 19 años después, el voto por correo pasara de unos 480.000 a cerca de 1,35 millones, mientras los sufragios emitidos desde el extranjero bajaban a la mitad a pesar de que el censo de residentes ausentes se había duplicado.

El autor del vídeo atribuye a Correos un supuesto amaño masivo de votos con el argumento de que el presidente de esta empresa pública era el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez. Sin embargo, el servicio de Correos se limita a hacer llegar a su destino los sobres que los votantes remiten a las mesas electorales, donde se introducen en las urnas para incorporarlos al escrutinio.

Durante este proceso, Correos lleva un registro de toda la documentación recibida, que está a disposición de las Juntas Electorales, en cumplimiento del artículo 73.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), aprobada en junio de 1985.

Efectivamente, el voto por correo en España fue especialmente elevado el 28-A. Influyó en ello la coincidencia del calendario electoral con la Semana Santa y numerosos festivos autonómicos y locales en toda España, tal como explicó entonces Correos, cuando, ante la importante afluencia de votantes, tuvo que ampliar el plazo habilitado para ello en sus oficinas.

En todo caso, el voto por correo fue incluso superior en los comicios celebrados el 26 de junio de 2016, que dieron la victoria al PP y para los que se gestionaron un total de 1.357.720 solicitudes de voto.

Sospechas sobre Indra

Algunas de las insinuaciones de fraude que proliferan estos días en las redes también aluden a la compañía Indra, a la que el Ministerio del Interior ha vuelto a adjudicar el contrato para la transmisión de los datos de las elecciones generales: "Son muy profesionales, pero hay mucho estómago agradecido", se afirma en uno de estos mensajes.

En realidad, Indra no interviene de ningún modo en el recuento, que corresponde a los integrantes de las mesas electorales, de acuerdo con un estricto procedimiento de escrutinio que la Loreg regula paso a paso en sus artículos 95 a 102.

Como ha explicado la propia compañía tras resultar adjudicataria de contratos de este tipo en anteriores procesos electorales, la empresa se dedica exclusivamente a automatizar el envío de los datos desde las mesas hasta el centro de recepción de información.

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