A estas alturas quedarán muy pocos españoles que no sepan que ayer, hoy y mañana se celebra una Cumbre de la OTAN en Madrid. La expresión "cumbre" se suele reservar a una reunión internacional de alto nivel, generalmente con jefes de Estado y/o de Gobierno, dependiendo de los regímenes políticos. No es esperable que venga la reina Isabel II, por decir un ejemplo, incluso el presidente de la República Federal de Alemania, a quien casi nadie conoce, pero sí el presidente de los EEUU o el de Francia.

Estas reuniones internacionales tienen sus dificultades técnicas de organización, independientemente de las políticas y no me estoy refiriendo a los planes de movilidad de la ciudad de Madrid u otras relacionadas con la seguridad sino a las dificultades técnicas internacionales. No en vano, se requiere de un tratado que acuerde el régimen jurídico de la propia cumbre. La OTAN sabe muy bien la importancia jurídica de la inexistencia de un marco colaborativo entre el Estado sede y la organización. Hace unos años estuvo a punto de desaparecer por no tener ese Acuerdo de Sede en un Cuartel Militar en Países Bajos.

La actualización del Concepto Estratégico de Seguridad es el objetivo de la cumbre

España y la OTAN han llevado a cabo un acuerdo relativo a la cumbre de la OTAN de Madrid, hecho en Bruselas el 20 de junio de 2022. Esta premura ha obligado a las partes a aceptar un Acuerdo de Aplicación Provisional inmediata, dado los pocos días que mediaban desde la firma hasta la celebración de la cumbre y la necesidad de formalidades posteriores. Ya está publicado en el BOE esta aplicación provisional y, por tanto, se puede celebrar la cumbre en el marco descrito en el tratado que la permite. La aplicación provisional de un tratado es una práctica admitida por el Derecho Internacional, aunque requerirá formalidades posteriores, dependiendo del ordenamiento jurídico interno de cada Estado.

Por la entidad del acuerdo, no estamos ante lo que la Ley española de Tratados llama exactamente "tratados" sino ante lo que llama "acuerdos internacionales". Es por ello, que es una Disposición General del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y no de la Jefatura del Estado, como sería el caso de un Tratado Internacional. No requerirá, pues, el proceso de ratificación ante el Parlamento.

La firma se ha realizado entre el Embajador Representante Permanente de España ante la OTAN y el Director de Protocolo de la Organización Internacional. La decisión de la celebración de esta Cumbre en Madrid proviene de la Cumbre de la OTAN de Bruselas, de junio de 2021. El objetivo tendría que ser culminar el programa de adaptación política conocido como "OTAN 2030".

Este año, España conmemora su 40 aniversario en la Organización Atlántica y lleva años queriendo celebrar una cumbre para visualizar su contribución y la importancia que le da a la OTAN, no sólo en cuanto organización defensiva sino también político-diplomática.

La clave del acuerdo tiene que ser los privilegios e inmunidades de los que van a gozar todos los locales de celebración de los actos, incluidas todas las actividades oficiales, por tanto, Ifema, el Palacio Real, el Museo del Prado, etc. España pagará toda la logística necesaria, con algunas excepciones, como los servicios hospitalarios necesarios, que se cobrarán "a un precio razonable".

El alojamiento del secretario general y su equipo (para un máximo de 11 personas) será por cuenta de España. El resto por cuenta de cada delegación. El transporte será por cuenta de España. Las comunicaciones y correspondencia serán inviolables. La protección policial y las medidas de seguridad será responsabilidad de España, pero el control de entrada a las salas de reuniones, de audición y de almuerzo y cena de trabajo, serán responsabilidad de la OTAN.

España dispone de una Ley Orgánica (la 16/2015, de 27 de octubre) sobre privilegios e inmunidades de los estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España, y de un Real Decreto 160/2008, de 8 de febrero de 2009, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrollan las exenciones fiscales relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los estados parte en dicho Tratado y se establece el procedimiento para su aplicación.

Además, será de aplicación subsidiaria el Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.Como vemos, casi nada se deja al azar. Todo está medido y acordado.

Ahora bien, lo más importante de esta cumbre debe ser la actualización del Concepto Estratégico de Seguridad de la OTAN, el documento más importante tras el propio tratado constitutivo, el Tratado de Washington de 1949. Mucho ha cambiado desde entonces la estrategia de seguridad. El último que se aprobó es el de Lisboa de 2010, que ya supuso un cambio gigantesco porque la OTAN estaba perdiendo su propio norte y tendría que justificar su existencia, teniendo en cuenta dos situaciones nuevas, la descentralización estratégica mundial, más orientada, ahora, hacia Asia y la necesidad de la OTAN de participar en operaciones de mantenimiento de la paz, fuera de su perímetro defensivo, como podría ser, el Mar Egeo, Afganistán o Libia.

Desde 2010, se observan cambios muy diferentes. Incluso, me atrevería a decir, que hay una recentralización en los temas defensivos y en los nuevos perímetros. La guerra de Ucrania no es más que la punta de iceberg, así como el miedo razonable de Finlandia y Suecia, que abandonan su tradicional política de neutralidad.

Y, por el sur, la parte de mayor interés para España ¿veremos incluido a Ceuta y Melilla en el ámbito de aplicación defensiva de la OTAN? Nuestro Ministro de Exteriores también ha pedido a la OTAN que mire a las nuevas fronteras estratégicas en Malí y en todo el Sahel. Si, finalmente, se incluyen estos aspectos en el nuevo Concepto Estratégico de Seguridad, sería el mayor éxito de la cumbre para España.