El diputado y ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo debe pagar, por orden del juez, una fianza de 750.000 euros en calidad de responsabilidad pecunaria para hacer frente al pago en caso de ser condenado por su implicación en la trama de corrupción en torno al PP, el llamado caso Gürtel.

El juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, le imputa seis delitos: cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad.

El magistrado imputa también al ex consejero de Esperanza Aguirre -que se negó a declarar hasta que se levante el secreto del sumario- la participación en una trama delictiva y estableció la fianza a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

López Viejo, que dimitió de su cargo de consejero el 9 de febrero, tras conocerse su implicación en el caso, es el tercer aforado que comparece ante el TSJM, después de que los también diputados de este partido en la Asamblea madrileña Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco -que como él se negaron a declarar- también lo hicieran en los últimos días.

En su escrito de competencia, el TSJM apuntaba, en base a la documentación remitida por el juez Baltasar Garzón (que se inhibió en la causa ante la presencia de aforados), que López Viejo, Martín Vasco y Boch Tejedor pudieron percibir "importantes cantidades de dinero" por su mediación o influencia en la adjudicación de contratos a varias empresas de personas imputadas en la causa. Según la documentación recogida en las diligencias, López Viejo aprovechó sus cargos públicos anteriores de viceconsejero de Presidencia para favorecer a alguna de esas empresas, y en la documentación incautada, representativa de una contabilidad B, parecen corresponder algunos de los apuntes a cantidades entregadas a esta persona por otras vinculadas a sociedades adjudicatarias de contratos suscritos con entidades públicas.

Según las investigaciones de Garzón, el ex consejero habría realizado operaciones con la trama dirigida por Francisco Correa por un valor de 563.000 euros. La mecánica consistía en la adjudicación directa de contratos a las sociedades de Correa, ya que "para disimular ese favorecimiento estaría el de no facturar por cantidades superiores a 2.000.000 pesetas (12.000 euros) para que la concesión del evento no saliera a concurso público".