Una juez de Gerona ha pedido al Tribunal Supremo que impute al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont por la presunta compra en 2014 de obras de arte con fondos públicos de la gestión del agua durante su etapa como alcalde gerundense, en un caso abierto a raíz de una querella de la CUP.  

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la Sala de lo Penal del Supremo ya tiene sobre la mesa la exposición razonada remitida por la titular del juzgado de instrucción número 2 de Girona, elevada a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de la investigación abierta por el supuesto desvío de fondos públicos en la gestión de la compañía municipal de aguas, Agissa. 

En su exposición razonada remitida al Supremo -dado que Puigdemont goza de la condición de aforado al ser eurodiputado-, la juez pide al Alto Tribunal que abra un nuevo procedimiento contra el ex presidente catalán, en este caso por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental, según ha adelantado El Español. 

La Fiscalía Anticorrupción solicitó en noviembre pasado a la magistrada de Gerona que elevara el caso en un primer momento al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, si bien cuando Puigdemont dejó de ser diputado autonómico para ser eurodiputado, pidió que lo remitiera al Supremo, según precisan a Efe fuentes jurídicas.  

En manos de Marchena

Ahora la Sala de lo Penal, presidida por Manuel Marchena, deberá estudiar si abre una nueva causa contra Puigdemont después de que hace meses el juez instructor del caso del procés pidiera al Parlamento Europeo el suplicatorio para el ex president para continuar con su proceso de entrega a España para ser juzgado por sedición. 

Lo habitual en este tipo de procedimientos es que el tribunal, una vez recibida la exposición razonada del juez de instrucción, la remita a la Fiscalía para recabar su criterio sobre si debe admitirla y abrir una investigación. 

Según sostiene la Fiscalía Anticorrupción, el consistorio de Gerona acordó en 2013 una prórroga de la concesión de la gestión del agua a la empresa mixta Aigües de Girona (Agissa) -participada en un 20% por ayuntamientos y en un 80% por un socio privado-, a cambio del pago de un canon extraordinario por valor de 3,7 millones de euros, de los que el consistorio de Gerona recibió 2,6 millones y el resto se lo repartieron los de Salt y Sarrià de Ter. 

Los ingresos que genera Agissa provienen fundamentalmente de la venta del agua y del mantenimiento de contadores, con lo que, según Anticorrupción, se cargó al consumidor final con el importe del canon, que la empresa mixta abonó entre 2013 y 2015. 

Paralelamente, en febrero de 2014, el entonces alcalde de Gerona Carles Puigdemont suscribió un acuerdo para la compraventa, por 3,9 millones de euros, de un fondo de arte, la colección Santos Torroella, ideando un "artificio" para "ocultar", según Anticorrupción, que el primer pago iba a ser a costa del canon extraordinario aportado por Agissa. 

En el proceso de compra y financiación de la colección -que fue autorizada por el pleno del consistorio del 14 de febrero de 2014 por un gasto plurianual excepcional de 2,9 millones de euros en el periodo 2015-2019-, se "ocultó" el origen del dinero, según Anticorrupción. 

Para la Fiscalía, no se podía usar el dinero obtenido por el canon extraordinario por el agua, al estar destinado a una finalidad concreta: el ciclo del agua. 

Pese a ello, con el "conocimiento y aprobación" de Puigdemont, según la Fiscalía, se llevó a cabo una "operación para ocultar" que en realidad el primer pago del precio de la colección de arte se realizó a costa de las cantidades recibidas como consecuencia del establecimiento del canon, con lo que se "defraudó" al Ayuntamiento de Gerona y se "perjudicó" en su patrimonio relativo al servicio del agua. 

La CUP interpuso en 2015 una querella contra los responsables de Agissa y Girona SA por apropiación indebida y administración desleal, mientras la Fiscalía Anticorrupción asumió la investigación de las supuestas irregularidades en julio de 2017.