En un auto el juez de la Audiencia Nacional ha admitido la querella que presentó la asociación Dignidad y Justicia en contra del criterio de la Fiscalía que el pasado 8 de abril consideró que no es procedente aceptarla porque Beitialarrangoitia no era alcaldesa cuando se aprobó el acuerdo municipal y se colocaron las placas en 1982.

No obstante, el magistrado estima que no sólo aprobar que se dé nombre a una calle a un miembro de ETA puede suponer un delito de enaltecimiento y humillación de las víctimas del terrorismo, sino "igualmente el mantener dicha resolución, cuando distintos ciudadanos lo ponen en conocimiento de la autoridad competente".

A su juicio, eso implica una "voluntad o asentimiento personal respecto a dicha loa institucional".

Para Grande-Marlaska, el hecho de que Beitialarrangoita no formara parte de la corporación municipal que adoptó el acuerdo para dedicar una calle a un etarra, no le exime de su responsabilidad porque al mantener esta vía en el tiempo supone "una asunción de su contenido esencial" y como máxima autoridad de Hernani tendría que haber revocado dicho acuerdo.

Dignidad y Justicia ha solicitado la retirada de la placa con el nombre del etarra, fallecido en un enfrentamiento con la Policía en 1981 en Vitoria, así como la de la plaza 'Gudarien Emparantza' (del soldado vasco).

Además de solicitar la comparecencia de la alcaldesa de Hernani, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha pedido a la Ertzainta que le facilite una copia del acta municipal en el que se decidió poner los mencionados nombres a las dos vías y del expediente abierto tras recibirse una carta del 27 de noviembre de 2007 en la que se pedía que se modificaran los nombres.

La asociación de víctimas ha presentado denuncias similares en los municipios de Zizurkil, Hernani y Tolosa (Guipúzcoa), Arrigorriaga, Durango y Lejona (Vizcaya) y Etxarri-Aranaz (Navarra).

Precisamente la semana pasada otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, desestimó una querella de Dignidad y Justicia contra el alcalde de Amorebieta (Vizcaya), David Latxaga (PNV), por no retirar el nombre de una calle dedicada a dos etarras ejecutados en el franquismo, Juan Paredes, "Txiki", y Ángel Otaegi.

El magistrado consideró entonces que Latxaga no había cometido ningún hecho delictivo porque no consta que efectuara manifestaciones de exaltación del terrorismo o fuera el responsable de que esta vía de la localidad se dedicara a esos etarras.