La junta de tratamiento de la cárcel barcelonesa de Lledoners ha acordado aplicar el artículo 100.2 del reglamento penitenciario al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y al ex conseller Raül Romeva, que podrán salir tres días a la semana, seis horas cada jornada, para trabajar.

Según ha informado este jueves la Consellería de Justicia, Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por sedición, y Romeva, a doce años, podrán salir seis horas de prisión tres días a la semana entre lunes y viernes, en aplicación del artículo 100.2, tras la decisión adoptada por la Junta de Tratamiento de la cárcel de Lledoners.

La salida de la cárcel de Junqueras y Romeva para trabajar puede ser inmediata, ya que un eventual recurso de la Fiscalía sobre la decisión de la Junta de Tratamiento no lo dejaría en suspenso, si bien requiere de la ulterior ratificación por parte del juzgado de vigilancia penitenciaria.

Hasta el momento, las cárceles catalanas donde cumplen condena los nueve presos del procés ya han aplicado el artículo 100.2, que flexibiliza el régimen penitenciario, a siete de ellos: Junqueras y los ex consellers Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, así como el ex líder de la ANC Jordi Sànchez y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

De esta forma, los dos únicos líderes del procés condenados a prisión por sedición a los que no se ha aplicado este artículo son, por ahora, los ex consellers Jordi Turull y Josep Rull.

Hasta el momento, la Fiscalía se ha opuesto a la concesión de la aplicación del 100.2 en el caso de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, alegando que no se han arrepentido y que sus salidas laborales y de voluntariado no ayudan en su reinserción, ya que lo que necesitan es un programa específico sobre el delito de sedición por el que fueron condenados.

En sus recursos, la Fiscalía reprocha a la Generalitat su intención de “generalizar” la flexibilización del régimen penitenciario a todos los líderes independentistas presos, con un tercer grado “encubierto”, ya que entiende que el 100.2 debe de ser de aplicación excepcional. Precisamente, el Fiscal Superior de Cataluña, Francisco Bañeres, defendió ayer en una comparecencia en el Parlament los recursos en que el ministerio público se opone a los permisos laborales a los presos del procés.