La Fiscalía del Tribunal Supremo pidió este viernes que los ocho ex consellers y los dos líderes de las entidades soberanistas en prisión provisional sigan en la cárcel a pesar de que ayer acataron ante el magistrado del alto tribunal Pablo Llarena la Constitución y la aplicación del artículo 155.

Llarena tiene previsto comunicar el próximo lunes si acepta la petición de poner en libertad a los diez imputados, que en sus declaraciones además de aceptar el 155, con el que sin embargo se mostraron en desacuerdo, se comprometieron a actuar a partir de ahora dentro del cauce legal.

El primero en comparecer fue el ex vicepresident Oriol Junqueras, seguido de los ex consellers Raül Romeva, Carles Mundó, Dolores Bassa, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Jordi Turull y Josep Rull, y los líderes de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez.

Llarena los citó, a iniciativa de los imputados, con el objeto de escuchar sus argumentos para revisar su situación personal y todos expresaron su voluntad de "actuar dentro de los márgenes constitucionales y de la legalidad vigente", según informó a la prensa el abogado defensor Jordi Pina.

Una vez terminadas las comparecencias, que se prolongaron durante unas cuatro horas, el juez les notificó que resolverá sobre el asunto el próximo lunes a primera hora, de modo que los imputados fueron trasladados de nuevo a prisión.

Tras las declaraciones el magistrado consultó a las acusaciones sobre si consideran que debe cambiar la situación personal de los imputados.

Consuelo Madrigal, ex fiscal general del Estado, y Jaime Moreno, fiscal de Sala, fueron los miembros del Ministerio Público que asistieron a las comparecencias.

Pidieron, "ante la gravedad de los hechos investigados, el mantenimiento de las medidas cautelares para los diez comparecientes", según una nota de la fiscalía que informó también de que "su informe ha individualizado provisionalmente las responsabilidades de cada uno".

"En todo caso, consideran que en estos momentos persisten los riesgos de fuga y de reiteración delictiva", explica la Fiscalía también. En igual sentido se pronunció la acusación ejercida por el partido Vox. Entre los imputados solo Junqueras y Romeva se negaron a responder a las preguntas del fiscal.

Los ex conselllers están imputados, al igual que el ex president Carles Puigdemont y los ex miembros del Govern huidos a Bélgica, por posibles delitos de rebelión, sedición y malversación en relación con su liderazgo del proceso hacia la declaración unilateral de independencia en Cataluña.

La ANC espera cubrir las presumibles fianzas

Los abogados de los ex consellers y los Jordis tenían ayer pr la mañana "todo preparado para hacer efectiva la fianza" que podría imponerles el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para dejarles en libertad, según confirmaron la diputada de ERC Esther Capella y el vicepresidente de Omnium Cultural, Marcel Mauri.

Ambos se concentraron ayer, junto a varias decenas de familiares y cargos públicos independentistas, en la puerta del Supremo con la esperanza -dijeron- de que el juez Llanera "haga justicia" y ponga en libertad bajo fianza a los investigados.

"Desde ERC esperamos que se haga justicia porque las personas que están encarceladas no deberían estar en prisión, porque son acusados de unos delitos inexistentes", defendió Capella.

Tras confirmar que "está todo previsto para poder hacer efectivas las fianzas que se acuerden", la representante de ERC dijo que esperaba que fuera una "fianza proporcional".

"Si las fianzas van en la línea de la de Santi Vila y los miembros de la Mesa del Parlament que ya declararon ante Supremo se podrán pagar", apuntó a La Vanguardia Marcel Padrós, tesorero de la ANC.

La ex presidenta de la Cámara Carme Forcadell tuvo la fianza más alta, con 150.000 euros, mientras que la del ex conseller Santi Vila, que dimitió antes de la declaración de independencia del Parlament del 27 de octubre, fue de 50.000 y los demás miembros de la Mesa que declararon y se les impuso fianza -Lluis Guinó, Lluis Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet-, de 25.000 euros.

Hace unas semanas, la ANC confirmó al rotativo catalán que desde el encarcelamiento de los consellers había habido un aumento de las aportaciones para la llamada caja de resistencia, destinada a pagar fianzas y multas de aquellos que "han intentado que el pueblo catalán se exprese sobre el derecho a decidir". "La respuesta de la gente ha sido espectacular. La energía que tenemos como pueblo nos da mucha fuerza", dijo entonces Padrós.

Por ahora se han gastado 3,22 millones de euros de los 4,7 que se habían recaudado, por lo que aún restan 1,47 millones de euros para pagar fianzas y multas.

Hoy se celebrará un concierto en el estadio Lluís Companys de Barcelona para recaudar fondos y pedir la libertad de los dirigentes independentistas.