El Gobierno aprobó ayer la reforma procesal que le permitirá intervenir comunicaciones sin autorización judicial y que limitará la instrucción judicial a un plazo de seis meses para las causas ordinarias y de 18 para los sumarios más complejos, que podrán ser ampliables hasta alcanzar los 36 meses, cuando lo considere oportuno el juez instructor y lo apoye el fiscal.

Esta es la principal novedad que recoge el anteproyecto de reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, enmarcó en el paquete de medidas contra la corrupción anunciadas la semana pasada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió la introducción de plazos máximos en la instrucción, que serán de seis meses para las causas más sencillas y de 18 meses para los casos más complejos, como los relativos a terrorismo, grupos criminales y corrupción. "Me parece que es razonable y proporcionado fijar un plazo", señaló Catalá, que precisó que serán prorrogables por un tiempo máximo similar e incluso mayor cuando lo considere oportuno el juez instructor y lo apoye la Fiscalía, "por causas justificadas".

Ante la imposibilidad de cumplir con esos tiempos por falta de medios, el ministro recordó las 282 plazas de jueces creadas recientemente por el Ejecutivo, así como las cien entre jueces y fiscales para el próximo año.

La reforma afectará además a la separación de las piezas en los llamados macroprocesos, de manera que se instruirá una causa por cada delito por lo que, según Catalá, "habrá un acortamiento de los plazos y sentencias en plazos mucho más cortos".

El anteproyecto amplía también el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS y el correo electrónico, dado que las nuevas tecnologías "no están contempladas" en la ley, afirmó Catalá.

Interior podrá decidir por razones de urgencia la intervención de las comunicaciones de todo tipo en la investigación de delitos de especial gravedad, sin pedir autorización previa de la autoridad judicial como es necesario en la actualidad.

La Abogacía del Estado rechaza la disposición que suprime la necesidad de asistencia letrada para recoger pruebas de ADN a detenidos.

La asociación de Jueces para la Democracia tachó de "medida de mera propaganda" la limitación de la instrucción y advirtió que con esos plazos hubiera sido imposible conocer "muchísimos" datos del caso de los ERE, Gürtel, Fabra o Nóos.