El Ejecutivo de Mariano Rajoy no se plantea de momento retirar la intervención de las cuentas de Cataluña aunque el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, responda al requerimiento del Gobierno asegurando que no ha declarado la independencia, según han indicado fuentes gubernamentales.

El pasado 15 de septiembre, antes de la convocatoria de referéndum anunciada por los independentistas para el 1 de octubre, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció un paquete de medidas para controlar los gastos de la Generalitat y que suponían de facto una intervención parcial de las cuentas de Cataluña.

Con esa decisión, el Gobierno asumió el pago directo de los servicios públicos fundamentales de Cataluña, como las nóminas, la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales. Esto supone administrar buena parte de los 1.400 millones mensuales que el Gobierno libra a la Generalitat a cuenta del sistema de financiación autonómica.

Se mantiene por el momento

El Ejecutivo del PP no prevé, por el momento, levantar esa intervención financiera, una iniciativa que, según fuentes del Ejecutivo, no está vinculada con la respuesta que el próximo lunes ofrezca el presidente de la Generalitat.

El requerimiento enviado a Puigdemont fija un primer plazo el lunes 16 de octubre para aclarar si declaró o no la independencia en el Pleno del Parlamento catalán celebrado el pasado martes. El Gobierno le reclama comunicarlo "de forma fehaciente".

En el caso de que la respuesta sea afirmativa, se le requiere al presidente de la Generalitat "de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución" para que "revoque u ordene la revocación de dicha declaración de independencia a fin de restaurar el orden constitucional y estatutario, ordenando el cese de cualquier actuación dirigida a la promoción, avance o culminación del denominado proceso constituyente", y cumplir íntegramente las resoluciones del TC.

Riesgo de recesión de la economía catalana

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apuntado este viernes que si no hay una "pronta solución" a la situación en Cataluña el Gobierno bajará la previsión de crecimiento económico para 2018, que actualmente está en el 2,6 %.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que 2018 debía ser un buen año para el crecimiento y el empleo, pero los acontecimientos que se están viviendo en Cataluña hacen ser "más prudentes".

El Ministerio de Hacienda ha presentado este viernes un informe al Consejo "de cara a la remisión a Bruselas del plan presupuestario" para 2018 ante la falta de proyecto de cuentas.

Esta misma semana, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, avanzó que la economía española crecerá un 3,1 % este año, por encima del 3 % previsto.

De Guindos explicó que el plan presupuestario que el Ejecutivo tiene que enviar a Bruselas antes del 15 de octubre, como exigen las normas de disciplina fiscal, no incluirá cambios en la política económica porque no hay proyecto de Presupuesto, pero que actualizará las previsiones de crecimiento.

De cara a 2018, el ministro se limitó a señalar que el crecimiento económico de este ejercicio se extenderá "a las cifras del año que viene", aunque de manera "extremadamente prudente".

La vicepresidenta también ha alertado del daño que el proceso secesionista está teniendo en la economía catalana, ya que la agencia de medición de riesgos Standard & Poor's apuntó este viernes que el conflicto secesionista podría llevar la comunidad autónoma a la recesión.

"Los acontecimientos en Cataluña están poniendo en riesgo la recuperación económica" y la creación de empleo en la región, ha insistido, como refleja el "parón" de la inversión y la "caída dramática" de las reservas turísticas.

"La Generalitat está creando todas las condiciones para sumir a Cataluña en una profunda recesión, como han advertido expertos", ha insistido.