Siete años después de que se destapara el escándalo de Gescartera, la desaparición de casi 57 millones de euros de los clientes de la entidad, la Audiencia Nacional ya ha dictado una sentencia: condenar al dueño de la sociedad de valores a once años de cárcel por apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Después de cumplir tres años en prisión preventiva, todavía tendrá que pasar a la sombra otros ocho.

Junto a él, el número dos de la empresa, José María Ruiz de la Serna, también ha sido condenado a diez años y medio de cárcel por los mismos delitos que Camacho, al igual que Aníbal Sardón, que deberá cumplir 9 años de prisión. La condena ha sido rebajada para la que fuera presidenta de la entidad, Pilar Giménez Reyna, hermana del secretario de Estado de Hacienda en ese momento.

Hasta ocho han sido los condenados (Francisco Javier de la Sierra Flor, Julio Rodríguez Gil, José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats Oria) con penas que ascienden a 52 años de cárcel.

La sentencia fija unas indemnizaciones a los afectados por importe de 87,99 millones de euros, que incluyen los 56,85 millones de menoscabo patrimonial para los 655 particulares y entidades perjudicadas, a lo que hay que sumar los al menos 26 millones de euros que les adelantó el Fondo de Garantía de Inversiones a los afectados (con un máximo de 20.000 euros cada uno) y que ahora recuperará.

Entre los responsables civiles subsidiarios están La Caixa y Caja Madrid. El tribunal considera "fácilmente deducible" que La Caixa tiene esa condición por "la actuación plenamente reprochable" de sus empleados José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats. La sentencia señala que debe ser responsable civil subsidiaria no en la cuantía de 26,3 millones de euros (por los certificados firmados por los trabajadores de supuestos fondos recibidos de Gescartera), "sino en el total de los perjuicios irrogados, pues su conducta propició el mantenimiento y prolongación de la dinámica delictiva de los autores materiales y del cooperador necesario".

El tribunal acordó el inmediato ingreso en prisión de Camacho, De la Serna, Sardón, De la Sierra Flor y Rodríguez Gil, hasta el límite de la mitad de la pena, tal y como solicitó el fiscal. Según recoge la sentencia, de 592 folios, Camacho fue el "artífice y urdidor de la trama empresarial" al constituir "el núcleo de ideación y principal mentor de la actividad de desapoderamiento y desvío de fondos".

La sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acusa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de "cierta ligereza y precipitación" al permitir en julio de 2000 la transformación de la entidad en agencia de valores.