El vicepresidente del Govern, Josep Lluís Carod Rovira, declaró que está dispuesto a celebrar una manifestación en defensa del Estatut de Cataluña para el 11 de septiembre, antes de que se conozca la sentencia del Tribunal Constitucional, porque así "en Madrid según quien se pensaría dos veces decir qué cosas". Mientras tanto, el PP acusó al dirigente republicano de "violentar" y "condicionar" la decisión del Alto Tribunal con esta propuesta.

Carod Rovira propuso la celebración de una manifestación para la próxima Diada del 11 de septiembre con el objetivo de defender el Estatut antes de que se haga pública la sentencia del Constitucional. En este sentido, explicó que no tendría sentido celebrar dicha concentración después de la sentencia porque entonces, "¿de qué servirá?". 

Según indicó, con la manifestación "en Madrid según quien se pensaría dos veces decir según qué cosas", porque "una vez ha hablado el pueblo, nadie más tiene derecho a dictaminar". No obstante, en caso de que la sentencia del Constitucional recorte el texto, solicitó una respuesta "no sólo en la calle, sino también de carácter institucional y político". De producirse este hecho, "será el momento adecuado" para que los catalanes digan si el Estado de las autonomías es el modelo de convivencia con el Estado que más les conviene, sentenció Carod Rovira.

El dirigente republicano consideró que en una democracia, una vez ha hablado el pueblo, nadie más debe pronunciarse sobre la ley que ha sido refrendada. Por eso calificó de "excepcional" que el Alto Tribunal tenga que intervenir en el proceso y criticó que la Justicia en España tiene un "peso excesivo", por lo que sería necesario emprender una reforma de este poder para responder a las necesidades de la actual sociedad democrática.

En este sentido, hizo alusión a la reforma que el ex ministro de Defensa Narcís Serra desarrolló en el Ejército tras el golpe de Estado del 23-F y la victoria del PSOE en 1982. "El proceso de modernización democrática total que con tanta intensidad llegó al ejército, en el área de la justicia está pendiente", comentó el político nacionalista, quien añadió que "la estructura judicial debe entrar en una fase profundamente nueva y distinta".

Por su parte, la secretaria de Organización y Electoral del PP, Ana Mato, advirtió al vicepresidente de la Generalitat de Cataluña de que sus pronunciamientos a favor de la manifestación en defensa del Estatut supone un intento de "violentar" y "condicionar" al Constitucional. Además, hizo extensivo esta advertencia al Partido Socialista por ser "socio" de ERC. "Deberían respetar las instituciones y no tratar de violentarlas con sus decisiones", reiteró.

A pesar de que la dirigente popular se preguntó el motivo del "retraso" en la sentencia de los recursos de inconstitucionalidad contra el texto de la nueva normativa de Cataluña, pidió respeto a las instituciones para que desarrollen su trabajo. Sin embargo, insistió en que el PP mantiene los mismo argumentos que les llevó a presentar dichos recursos y afirmó que las "consecuencias" de la ley, como la "desigualdad de los ciudadanos" empieza a verse. Además, arremetió contra el nuevo modelo de financiación autonómica al que tachó de "insolidario" ya que los ciudadanos tendrán distintas prestaciones públicas en función de la comunidad autónoma a la que pertenezcan.

Por otra parte, Ana Mato criticó al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, por sus declaraciones en las que dice que "siempre se van a vivir tensiones, como en cualquier estado de tipo federal, entre el centro y la periferia". Mato respondió a esta afirmación apuntando que "la Constitución Española dice que España es un Estado de las Autonomías, no podemos hablar de un estado federal o habrá que cambiar la Carta Magna".