La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha defendido hoy el "absoluto rigor" que ha aplicado el Tribunal Supremo (TS) en la sentencia que ha absuelto a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo y en las otras dos causas en las que le ha investigado.

Bravo, en un desayuno informativo organizado por el Foro Aragonex, se ha abstenido de pronunciarse sobre el fondo del asunto, pero ha expresado el respeto del CGPJ a las resoluciones dictadas por el TS.

Preguntada por si cree que existe la posibilidad de investigar judicialmente los crímenes del franquismo, como piden las víctimas, Bravo ha constatado que hay algún procedimiento abierto y que "además tenemos un marco legal que es la Ley de Memoria Histórica", que es -a su juicio- donde debe centrarse cualquier actuación.

En su opinión, la imagen de la Justicia española no se ha visto lastrada por las decisiones del Supremo sobre Garzón y, en concreto, en una investigación de tanta trascendencia mediática como la relacionada con la Memoria Histórica. "Creo que el Tribunal Supremo ha dado muestras de actuar con absoluto rigor, aplicando por encima de todo la legalidad desde su independencia e imparcialidad", ha dicho.

Aunque Bravo ha expresado también su respeto a las críticas razonables, respetuosas y con argumentos jurídicos a las resoluciones judiciales, ha lamentado que se produzcan ataques personales "inadecuados" a los tribunales o a sus miembros, lo que supone un "desgaste" de la institución.

También se ha referido a la investigación sobre las actividades del Instituto Nóos y el interrogatorio de más 22 horas al que fue sometido el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, el pasado fin de semana en Palma de Mallorca. Bravo ha explicado que tanto la duración y el momento en el que ha tenido lugar es una decisión competencia del juez instructor, José Castro, que no puede sorprender dada la gran trascendencia y complejidad del asunto.

La portavoz del órgano de gobierno de los jueces ha manifestado su preocupación por las filtraciones de sumarios judiciales, porque son "un verdadero lastre" que colocan al imputado en una situación de absoluta indefensión y ha recalcado que el Consejo ha abierto varias investigaciones ante este tipo de hechos. Además, ha confiado en que el Gobierno, cuando apruebe la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aún pendiente, otorgue a los jueces instrumentos para poder controlar esas filtraciones.

Otro asunto al que se ha referido es la exculpación del expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps en la llamada causa de los trajes, tema en el que ha admitido que no siempre las resoluciones judiciales "colman" las expectativas de los ciudadanos. No obstante, ha afirmado que los jueces no deben administrar justicia en función de intereses ajenos, sino en función de las pruebas valoradas durante el juicio oral y que, en este caso, la decisión la adoptó un jurado popular, institución prevista en nuestro ordenamiento.

Por último, ha manifestado su opinión personal sobre algunas de las reformas anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como el cambio de sistema de elección de los vocales del GGPJ o la prisión permanente revisable. Dos medidas que, desde el respeto a las decisiones del Ejecutivo, no comparte. Bravo es partidaria de que sea el Parlamento, y no los jueces, el que elija a los vocales del Poder Judicial, y considera que la prisión permanente revisable "choca plenamente con la finalidad de la pena que es la reinserción" y no tiene ningún encaje en la Constitución.