Juicio del 'procés'

Bassa minimiza el referéndum y la declaración de independencia

  • La ex consejera de Trabajo degradado la finalidad del referéndum al admitir que "no fue nunca un acto concluyente" para proclamar la independencia, sino un instrumento para forzar una negociación con el Estado

Dolors Bassa Dolors Bassa

Dolors Bassa / Europa Press

La ex consejera de Trabajo Dolors Bassa ha degradado la finalidad del referéndum al admitir que "no fue nunca un acto concluyente" para proclamar la independencia, sino un instrumento para forzar una negociación con el Estado, como ocurrió con la DUI, que era una declaración política pero "nada más".

Bassa se ha salido del guion al tirar abajo el valor efectivo del referéndum, pese a que la Ley del Referéndum de Cataluña, anulada por el TC, es clara en su articulo 4.4 cuando establece que "si en el recuento de los votos válidamente emitidos hay más votos afirmativos que negativos, el resultado implica la independencia de Cataluña".

En la jornada más maratoniana hasta la fecha en el Supremo -11 horas y media sin contar los recesos para cuatro acusados- Bassa se ha desmarcado de la estrategia marcada por el que fue su jefe, Oriol Junqueras, y se ha convertido en la primera en romper el silencio de ERC ante la Fiscalía y en renunciar a presentarse como una presa política en un juicio político.

Pero especialmente por rebajar la finalidad de referéndum al situarlo como una herramienta para forzar al Estado a negociar, pero "nunca un acto concluyente" para proclamar la independencia, una visión estrictamente pragmática que supone un golpe en la línea de flotación de la estrategia de su partido en aquellos días.

Un realismo que ha alcanzado también a la DUI, que ha calificado de "un acto político y pacífico", pero a la que ha restado todo el valor al reconocer que ni se publicó ni se comunicó a organismos internacionales: "No hubo nada más".

Todo ello desde el respeto a la "autoridad" del Constitucional, que ha dicho admitir y sentir, pues la intención no era desobedecer a sus requerimientos cuyo incumplimiento nunca contempló como un delito: "era un conflicto de intereses, nunca pensé que era un delito".

Su visión no coincide con la de Rull

Una visión que choca de plano con la sostenida por el ex consejero de Territorio Josep Rull -que se enfrenta, como Bassa, a 16 años de cárcel por rebelión-, quien ha lamentado "el déficit importante de autoridad moral" de un TC "instrumentalizado" por el Estado, una situación ante la que el Govern decidió apostar por la convocatoria del 1-O en busca del "equilibrio" entre el imperio de la ley y el principio democrático.

Eso sí, siempre "desde la convicción de que convocar un referéndum no es delito" -como recordó el Congreso al rechazar volver a penalizarlo a iniciativa del PP-.

Borras optó por ser fiel al mandato del Parlamento

Menos incisiva que Rull, la ex consejera de Gobernación Meritxell Borras, una de los tres acusados que está en libertad, ha manifestado que optó por ser fiel al mandato del Parlamento de seguir adelante con el referéndum en lugar de atender a los requerimientos del Constitucional, aunque lo hizo "sin menospreciar" al TC.

Mundó esquiva las preguntas sobre el TC

Y el antiguo responsable de Justicia de la Generalitat Carles Mundó -que se enfrenta a 7 años de cárcel, los mismos que Borràs- se ha mostrado esquivo a las preguntas sobre el TC aunque, tras la insistencia del fiscal Javier Zaragoza, ha asegurado que desde el 15 de septiembre de 2017 no realizó ningún acto ni resolución para incumplir esos requerimientos. De anteriores advertencias ha preferido no responder.

Se da la circunstancia de que estos posicionamientos esgrimidos, anteponiendo un mandato popular al cumplimiento de la ley, se producen el día que el rey Felipe VI ha asegurado que "no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho, pues, sin el respeto a las leyes, no existe ni convivencia ni democracia".

Nadie sabe de dónde salieron las urnas

En lo que sí que han coincidido todos ha sido en el desconocimiento del origen de las urnas del 1-O. Ninguno ha dicho saber de dónde salieron o quién las fabricó, como tampoco han reconocido conocer la existencia del documento Enfocats, clave en la causa por trazar supuestamente la hoja de ruta de la independencia.

No se gastó dinero público

Como viene siendo costumbre, todos han negado que se gastase dinero de los contribuyentes para el referéndum, algo que haría saltar "las luces de alarma", según Rull, cuando la Generalitat tenía las cuentas intervenidas; o que hubiese un ápice de violencia en el procés dado que, como ha señalado Bassa, "todo el Gobierno" asumió que debía llevarse a cabo "de manera pactada y pacífica".

Y ello fue así pese a que Borràs ha matizado que las únicas firmas necesarias para la convocatoria del 1-O eran las del ex presidente Carles Puigdemont, que no está siendo juzgado por estar huido de la Justicia, y la del consejero en la materia.

Sin embargo, firmaron todos los miembros del Govern en bloque ese decreto de convocatoria por dar la "imagen de compromiso del conjunto del Gobierno con el referéndum" ante lo que vieron como "un hecho extraordinario" y "absolutamente convencidos" de que no era delito.

Ese mismo argumento ha esgrimido Mundó, quien además lo ha usado para descargar su posible responsabilidad por no obedecer al TC en la desconvocatoria del 1-O: "Si era mi firma irrelevante para convocar, imagino que lo sería también para desconvocar".

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios