La Audiencia Nacional accedió a la entrega a EEUU del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal al considerar acreditada una conducta continuada y organizada vinculada al narcotráfico durante 20 años, la venta de armas a las FARC a cambio de drogas y la protección armada a los cargamentos de cocaína. Y es que, según la reclamación de Estados Unidos, Carvajal, apodado el Pollo, integraba una organización dedicada al narcotráfico y relacionada con las FARC, tanto en Venezuela como en Colombia y también con destino a EEUU, según un auto notificado este lunes.

El pleno de la Sala de lo Penal ha hecho públicos este lunes sus argumentos, después de conocerse el 8 de noviembre que daba luz verde a la extradición y revocaba una decisión inicial de la sección tercera de no entregarlo. Ese mismo día, dicha sección se vio obligada a emitir una orden de detención e ingreso en prisión para asegurar su traslado a Estados Unidos, pero la Policía no lo encontró en su domicilio de Madrid y desde entonces se le está buscando, sin que por el momento se haya emitido una orden internacional de detención.

Respecto a la posible motivación política en la reclamación de Carvajal, por la que en un principio se renunció a la entrega, el pleno (18 magistrados) destaca que en función al convenio bilateral entre EEUU y España esta causa de denegación se reserva a la consideración del Gobierno, por lo que no correspondía a la sección tercera valorar esta circunstancia. Los jueces entienden que se cumple el principio de doble incriminación, necesario para entregar a Carvajal por unos delitos que en España equivaldrían a pertenencia a organización criminal o pertenencia o colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas agravado.

No creen que se trate de un delito militar, dado que éste se comete en instalaciones de las fuerzas armadas o la Guardia Civil, y la droga en este caso iba destinada al mercado clandestino "civil" de Estados Unidos, por lo que se trata de un delito común. Discrepan también en que los hechos que le imputan las autoridades estadounidenses sean abstractos, pues a su juicio describen "la participación concreta del reclamado y otros miembros del cártel de los Soles en actividades de narcotráfico a gran escala en coordinación con las FARC durante un periodo de tiempo amplio de 20 años". Asimismo, rechazan que la condición de militar de Carvajal le autorizase a importar armas, pues prestar apoyo militar a operaciones de narcotráfico no puede conceptuarse como actos de servicio.

El reclamado, señala el auto, "se involucró en esos delitos mientras ejercía en los niveles más altos del gobierno, al haber ostentado entre 2004 y 2011, y después entre 2013 y 2014" la dirección de los servicios de inteligencia de Venezuela; después fue designado cónsul general de Venezuela en Aruba y en 2016 fue elegido miembro de la Asamblea Nacional venezolana.

En la petición de extradición se relata cómo desde esa posición, tanto él como sus colaboradores, ayudaron al gobierno de Venezuela a tomar "medidas oficiales para facilitar el narcotráfico" y se cita como ejemplo la expulsión de la DEA del país en 2005. También se destaca que proporcionaron "información confidencial de inteligencia y de aplicación de la ley a los narcotraficantes para facilitar los cargamentos de cocaína" y conspiraron para introducir cocaína en EEUU adquirida a las FARC.

La introducción de droga en ese país era, además de un medio de enriquecimiento personal, "un arma contra los EEUU", según declararon testigos, miembros del cartel de los Soles, en una investigación de la DEA. Estos testigos aseguraron que Carvajal coordinaba estas operaciones en reuniones con los cabecillas de las FARC en Venezuela e incluso uno de ellos relató un encuentro en el rancho del expresidente Hugo Chávez en 2008 en el que se le reclamó al exgeneral que suministrara armas a las FARC.

En la documentación aportada, dice el auto, "están perfectamente identificadas las armas (ametralladoras y misiles tierra-aire) que se entregaban a las FARC a cambio de drogas y protección armada" a los cargamentos.

La decisión de la Sala ha contado con los votos particulares de los tres jueces que rechazaron la entrega en un principio y de Ricardo de Prada, al considerar que los hechos que se le imputan son inconcretos y que en su caso tendrían naturaleza militar.