España

La AN reconoce que no tiene capacidad suficiente para investigar el genocidio en otros países

  • La memoria 2007 de la Audiencia Nacional reconoce en su introducción que su capacidad "se ha revelado insuficiente" a la hora de investigar este tipo de casos en otros países.

Según la memoria hecha pública recientemente, la incapacidad para instruir este tipo de causas se limita a los supuestos que "no afectan a personas e intereses de españoles". Es decir, el tribunal se considera preparado para investigar los delitos contra españoles en el extranjero pero no los practicados contra toda una etnia o un pueblo, conocidos como crímenes contra la humanidad.  

La introducción de la Memoria recuerda que la Audiencia Nacional fue creada en 1977 con vocación de convertirse en un tribunal especializado en temas de complejidad imposible de afrontar por parte de las Audiencias Provinciales. 

Recomienda por ello que esta "potencialidad" se emplee en "otras materias de gran repercusión social" como "la inmigración ilegal, con las organizaciones mafiosas que la producen". "Dicho fenómeno afecta a todo el territorio español, independientemente de cual sea el punto de entrada", añade la memoria. 

La Audiencia Nacional instruye en la actualidad causas de genocidio en lugares tan dispares como Guatemala, Tíbet, Ruanda o el Sáhara y Marruecos. En la mayoría de los casos los magistrados responsables de la investigación se enfrentan a la imposibilidad de tomar declaración a los procesados en los sumarios ante la oposición de las autoridades.

Este es el caso del genocidio maya en Guatemala, a cargo del juez Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz. El magistrado se ha visto obligado a tomar declaración a los testigos protegidos con los que cuenta en la sede de la Audiencia Nacional en Madrid ante la negativa guatemalteca a que los interrogatorios se efectuaran en su territorio

Además, Pedraz tuvo que solicitar, a través de un auto, a todos los medios de comunicación de Guatemala y de los países limítrofes (México, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Estados Unidos) la publicación de una nota en la que pedía a cualquier persona que pudiera aportar datos sobre el genocidio que comunicara la información a su Juzgado o a cualquier otro situado en sus respectivos países para poder así continuar la investigación sobre estos crímenes.

El magistrado tomó esta decisión después de que el Tribunal Constitucional del país centroamericano anulara el pasado día 12 de diciembre el proceso judicial abierto contra cinco generales y dos civiles acusados de genocidio por la Justicia española, al considerar que España carece de jurisdicción para procesarles.

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