Por segundo año consecutivo, la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) marcó la vuelta al cole. El curso pasado fueron las comunidades gobernadas por el PSOE y Navarra las que empezaron a impartir la polémica materia y en 2008 se sumaron las gobernadas por el PP. Así, EpC se ha generalizado este curso en la Secundaria de todas las comunidades, a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) resuelva los recursos relacionados con la objeción de conciencia y a la sombra del enfrentamiento entre el Gobierno y las autonomías gobernadas por el PP.

Durante este tiempo, la controversia ha crecido a propósito de las regulaciones autonómicas de la asignatura y la intención de admitir las objeciones hasta que se pronuncie el Supremo. El movimiento objetor ha conseguido que algunos Tribunales de Justicia, como los de Andalucía y La Rioja, respalden la inasistencia a clase de alumnos cuyos padres consideran que ciertos contenidos vulneran el derecho a educarlos según sus convicciones morales, aunque también se han dado sentencias de signo contrario en otras comunidades. Los fallos han sido recurridos por las Administraciones autonómicas y el Ministerio o por los objetores, según los casos, ante el TS. Hasta septiembre las objeciones de conciencia alcanzaban la cifra de 44.513.

En julio pasado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) suspendió cautelarmente, a petición de CCOO y del Ministerio de Educación, la orden de la Generalitat que permite presentar un trabajo a los alumnos que objeten. El TSJCV admite que la asignatura se imparta en inglés, pero manifiesta que, en este caso, no es posible que se puedan evaluar específicamente los conocimientos sobre esta lengua. El Gobierno se pronunció al respecto y presentó un recurso porque, según el Ministerio, incumple la Ley Orgánica de Educación (LOE), asume competencias propias de los centros educativos, divide a los alumnos y dificulta que completen los objetivos de la etapa. La polémica no quedó aquí, ya que en noviembre la Generalitat anunció que negociará una moratoria para la aplicación de EpC en inglés, una decisión bien recibida por la oposición y los sindicatos, que apelaron al sentido común.

El Gobierno de La Rioja también anunció que admitirá las objeciones de conciencia y eximirá a los alumnos de ir a clase y ser evaluados, sin perjuicio de un pronunciamiento judicial posterior. Por el contrario, Castilla y León no ampara la objeción porque impediría que los alumnos pudieran graduarse en ESO. Sin embargo, la Junta matiza que el currículo que desarrolla la materia en esta comunidad, recurrido por el Gobierno central, "la ha vaciado de carga doctrinal". Las autoridades murcianas también discrepan de la regulación estatal de EpC y piden que sea optativa.

El debate continúa y el Gobierno asegura que empleará todos los recursos a su alcance para que todos los alumnos asistan a las clases de esta asignatura.