Unos 70.000 parados andaluces que hayan agotado sus prestaciones o subsidios y tengan rentas inferiores al 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) podrán solicitar a partir de este lunes la prestación extraordinaria de 420 euros mensuales aprobada por el Gobierno el jueves pasado.

El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, ha adelantado esta cifra de perceptores y ha calificado esta medida, aprobada esta semana por el Consejo de Ministros y que supondrá un desembolso de 642 millones de euros, de "necesaria y positiva".

Ha añadido que la iniciativa del Gobierno central viene a complementar las ayudas de la Junta de Andalucía incluidas en el Plan Proteja dirigido a los parados de larga duración o a los desempleados que ya no perciben ningún tipo de prestación. Fernández ha recordado que el Plan Proteja, dotado con 360 millones, destina unos 300 a obras que están creando empleo y 60 para la formación de los parados. Los datos que baraja la Junta indican que en Andalucía se están beneficiando del Plan Proteja entre 25.000 a 30.000 desempleados, mientras calcula que otros 70.000 se acogerán a la ayuda de 420 euros aprobada hoy por el Consejo de Ministros.

Tanto en el caso de las medidas de la Junta como en las del Gobierno, la pretensión es dar "prioridad" a los parados que ya no tengan ninguna prestación, pero especialmente a aquellos que forman parte de familias en las que no hay ingresos, a parados de larga duración y mujeres sin empleo.

En este sentido, Fernández ha recordado que la Junta puso en marcha políticas activas de empleo vinculadas a itinerarios de formación profesional y al compromiso de la inserción laboral, en lugar de seguir apostando únicamente por una renta pasiva.

El programa aprobado por el Consejo de Ministros tendrá una vigencia de seis meses, prorrogables por periodos de seis meses, siempre que la tasa de paro supere el 17 por ciento, según indicó en la conferencia de prensa posterior al Consejo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Con esta medida, el Ejecutivo calcula que se verán beneficiados alrededor de 340.000 desempleados que dispondrán de dos meses para solicitar esta ampliación de la cobertura, si bien su percepción será incompatible con otras rentas concedidas por las Administraciones Públicas. Con el objeto de facilitar su incorporación al mercado laboral, el perceptor deberá participar en itinerarios de inserción, para mejorar sus capacidades y competencias profesionales.