Construcción

Una inmobiliaria sevillana se declara en suspensión de pagos y sus inversores se movilizan

  • La inmobiliaria Contsa toma medidas para asegurar "su continuidad" mientras los 1.200 afectados convocan una concentración · Facua apunta que se puede abrir la vía penal, paralela a la concursal, si hay indicios de estafa

Los afectados por la suspensión de pagos de la empresa inmobiliaria sevillana Contsa han convocado para la tarde de este martes una concentración para estudiar sus acciones ante una medida que afecta a 1.200 pequeños inversores.

Según la convocatoria que circula en internet, los afectados deben reunirse a las 18 horas en la plaza de España de Sevilla "para tomar acciones después de los últimos acontecimientos".

El Grupo Contsa ha solicitado al juzgado un concurso voluntario de acreedores, que atribuye a la crisis que sufre el sector inmobiliario.

El grupo, presidido por el empresario José Salas Bursón, no ha podido hacer frente al pago de las deudas contraídas con sus inversores, en su mayor parte pequeños ahorradores que le confiaron entre 6.000 y 200.000 euros cada uno con la promesa de lograr una rentabilidad mínima garantizada.

Contsa, que lleva veinte años en el mercado, comenzó a sufrir problemas de liquidez en diciembre pasado, cuando pasó a abonar trimestralmente los beneficios que hasta entonces pagaba por meses.

Según el comunicado, la suspensión de pagos tiene por objeto "establecer las bases de un convenio que permita la satisfacción de las obligaciones económicas que la empresa tiene con sus socios e inversores, y de otro, la continuidad de una empresa modélica en el sector".

Afirma que la empresa es solvente porque "hay una diferencia de 30 millones de euros entre el activo y el pasivo".

Por ello, ha pedido a los inversores su "comprensión" ante una situación que considera que "afecta a la práctica totalidad del tejido económico nacional".

Según su propia información publicada en internet, el Grupo Contsa inició su actividad en la asesoría fiscal, laboral y contable, pero luego se diversificó al derecho, la sanidad, la ganadería y el sector el inmobiliario.

Posibilidad de abrir la vía penal

Por otra parte La asociación de consumidores Facua-Consumidores en Acción apuntó que los inversores afectados por la suspensión de pagos de la inmobiliaria Contsa pueden iniciar un procedimiento por la vía penal, paralelo al procedimiento concursal, si se entiende que hay indicios de estafa por parte del juez.

Precisaron que los afectados tienen que esperar a que el juez inicie el procedimiento concursal con las declaraciones de quiebra y suspensión de pagos, y sería entonces cuando se podrán sumar tanto los clientes o inversores como los proveedores, ya que ambas partes acudirían al concurso como acreedores.

  "Hay que esperar a la declaración y apertura del proceso concursal, tras lo que el juez dará un plazo a los afectados para que los acreedores se sumen al procedimiento concursal", agregaron fuentes de esta asociación, que insistieron en que "cabe la posibilidad de que si el juez entiende que hay indicios de estafa se pueda iniciar un procedimiento por la vía penal, proceso paralelo a la vía concursal civil".

No obstante, apuntaron que, analizando algunos casos, "existe el problema de que en algún modelo de contrato el cliente no figura como inversor sino como accionista de la empresa, por lo que en ese caso el afectado no podrá acudir al procedimiento concursal, al ser considerado parte de la empresa". "Tenemos que ver si eso ocurre en todos los contratos o si hay diversas modalidades de contratos", agregaron.

Las oficinas centrales de Contsa están situadas en una casa señorial sevillana de mil metros cuadrados y desde allí se gestiona la mayor parte de sus áreas de negocio, aunque además cuenta con un despacho jurídico, una red de distribución de ópticas y explotaciones ganaderas dedicadas al engorde de ganado porcino ibérico de bellota, situadas en la sierra norte de Huelva y sur de Badajoz.

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