Seguramente Ariel-Planeta, su editorial en España, sacará pronto el libro de Edward Wilson-Lee: A History of Water, mencionado en el artículo anterior, aunque no tiene que ver con el agua como recurso escaso, pues cubre el 70% de la superficie del planeta, pero sólo un 0,007% está disponible para consumo. Respecto a las empresas, el CDP Global Water Report recomienda cambios en la producción para reducir consumo; establecer objetivos y dar información sobre buenas prácticas –lo hacen ya las industriales, pero no el sector de la agricultura y turismo–; y colaborar con suministradores, evitando problemas de mal uso y fugas. Es muy interesante el análisis de los costes por inacción frente al de inversiones, como el caso de Endesa en la generación de energía termal, que valora la disrupción por estrés de agua en 72 millones de euros (casi el 1% del Ebitda), para un coste de mejoras de 44 millones. Hay cálculos para el sector agrícola, alimentación y bebidas, de que el coste de las disrupciones por agua puede ser hasta 20 veces el de las inversiones de las empresas para evitarlo; se cuenta con tecnología como la de Ambienta, sociedad cotizada que a través de Wateralia participa en Calpeda y Caprari, compañías de bombeo y maquinaria para ahorro de agua y energía.

Joaquín Melgarejo, director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, publicó con B. Montaño y M. García en la revista Desalination un trabajo sobre contratos y financiación de estos proyectos, destacando la garantía que da el sector público. Están los fondos públicos, pero sabemos también que, por ejemplo, Amundi y Fidelity han lanzado fondos para invertir en tecnologías del agua, por lo que la financiación puede ser más ambiciosa. Aunque la energía necesaria para desalinizar se ha reducido espectacularmente, en las inversiones para ofertar agua a largo plazo habría que proyectar costes y precios, de manera que las partes implicadas limiten riesgos futuros, y los agricultores, por ejemplo, deberían analizar escenarios de coste y precio del agua y márgenes de sus productos.

Es vital el papel activo de entidades autónomas y locales, pues no todo es pedir, y suyas son las responsabilidades más directas; veo que en mi ciudad el 75% del precio del agua es por abastecimiento, desalación, saneamiento, depuración y otros, pero el 17,5% es canon autonómico; los partidos tienen que definir bien el papel de las políticas públicas, y qué proponen para suministrar, tarificar y reducir los consumos. La diversificación de tipos de agua, las redes y las aguas residuales son otro aspecto de lo que Bernd Gawlik, de la European Commission Joint Research Center, llama “nuestro intestino colectivo”. Estabilizado el consumo medio familiar en España en 133 litros por persona y día, es justo destacar que hay ciudades donde la política municipal ha sido llamativamente ejemplar, como Sevilla, Zaragoza, o Barcelona, cuyos procesos y prácticas podrían servir como referencia a otros municipios y consorcios, pues ésta es una cuestión de responsabilidades compartidas, en un contexto climático adverso, con efectos que se recogen así en esta frase algo truculenta: “Si el cambio climático es el tiburón, el agua son sus dientes”.