El Censo de Dehesas de Andalucía, de nueva creación, se constituirá como requisito obligatorio para que los titulares de las fincas presentes en estos territorios puedan acceder a los incentivos y medidas de apoyo de las administraciones. Esta herramienta se incorporará en la ley que ultima la Junta de Andalucía para la dehesa, uno de los paisajes más representativos de Andalucía. La superficie de dehesa se extiende por 1,2 millones de hectáreas y acapara la mitad del total nacional.

Casi cinco años después de la firma del pacto andaluz para la protección de este hábitat y tras continuos aplazamientos para la aprobación de una ley específica desde 2005, el Consejo de Gobierno dio luz verde ayer el anteproyecto de esta ley que se espera aprobar el próximo año en el Parlamento andaluz.

El texto persigue la complicidad de los actores de la economía agraria y ganadera en la conservación de este hábitat. De hecho, el 95% de la superficie de dehesa es de titularidad privada. A los titulares de estas explotaciones se les ofrece, de manera "voluntaria", que desarrollen un plan de gestión integral, si bien su realización se considerará "como criterio prioritario en el acceso a las ayudas públicas, tanto agrarias como ambientales". Junto a las explotaciones que tengan planes de gestión, la ley también concederá prioridad a las dehesas ubicadas en espacios naturales y a las que incorporen producciones integradas o ganadería ecológica.

Pero la futura ley no persigue la protección de estos espacios, quiso dejar claro la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, que aludió a otras leyes para cumplir este objetivo (ley forestal, prevención de incendios o espacios naturales protegidos). Se trata de poner de manifiesto su singularidad, fomentarla y que haya una identificación clara de la misma, sobre todo, ante la Unión Europea, donde existe un gran desconocimiento acerca de esta zona.

"Ha tardado en llegar porque no hay una identificación clara a nivel nacional", expuso la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, cuyo departamento interviene en la elaboración de la ley al constituirse la dehesa como un espacio de diversidad biológica y refugio para especies amenazadas de la flora y la fauna.

El desarrollo de las medidas previstas contará con la coordinación y el apoyo de dos órganos de nueva creación. El primero de ellos, la Comisión Andaluza para la Dehesa, integrada por representantes de las consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente, se encargará de coordinar los trabajos del plan director, proponer medidas de protección y fomentar actividades de investigación, formación, divulgación y participación social.

El segundo, denominado Centro Andaluz de Investigación de la Dehesa, contará con el concurso de universidades, organizaciones privadas de investigación y empresas y asociaciones del sector.

El Foro para la Defensa y Conservación de la Dehesa (Encinal) se congratuló de la aprobación del anteproyecto de ley y reclamó que, a partir de ahora, todos los trámites burocráticos que restan para su aprobación se hagan con diligencia.

Sin embargo Ecologistas en Acción consideró que este anteproyecto es "poco ambicioso" al quedar sujeta su aplicación a la colaboración "voluntaria" de la propiedad privada, con lo que "prácticamente no se podrá hacer nada por conservar y recuperar este ecosistema único", afirmó.