Las aguas andan revueltas en el Grupo SOS, la principal compañía alimentaria española, participada en un 24,13% de forma directa por las cajas andaluzas. Ayer, el consejo de administración destituyó a los dos principales accionistas y directivos de la compañía: Jesús Salazar, presidente y con un 17,68% de las acciones; y su hermano, Jaime Salazar, consejero delegado y propietario del 10,54% de los valores. Entre los dos, suman el 28,22% de las acciones. Paralelamente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió la cotización de SOS en bolsa, lo que significa que no los inversores no pueden ni comprar ni vender acciones. A día de ayer, sus acciones estaban en 4,30 euros por acción y habían registrado una subida respecto al día anterior del 3,61%.

El origen de estos movimientos parte de un crédito, aprobado por el consejo de administración el pasado 27 de febrero, según el cual SOS concedía un préstamo de 212,7 millones a la sociedad Cóndor Plus, vinculada a los hermanos Salazar. El objetivo de este crédito era negociar con un fondo soberano árabe la creación de una joint venture, con el objetivo de plantar miles de hectáreas de olivar. Según ha podido saber este periódico, el fondo estaba respaldado por el Estado libio. Uno de los puntos de la operación era que ese fondo en cuestión entraría en el accionariado de SOS en "un porcentaje significativo". En todo caso sería menos del 30%, ya que para adquirir más hace falta una OPA.

Hace unos días, dos consejeros del grupo, Daniel Klein (con un 5,27% del capital) y Lucas Torán, presentaron una demanda de impugnación de los acuerdos del consejo, "por considerar infringido su derecho a la información y existir operaciones ajenas al objeto social y contrarias al interés social". Los hermanos Salazar lograron la aprobación de las cuentas, incluido el crédito, el 27 de febrero, aunque con la ausencia de seis de sus quince miembros: los tres de Caja Madrid, que controla el 10,5% del capital; el representante de Cajasol y los mencionados Daniel Klein y Lucas Torán. En la siguiente reunión, del 31 de marzo, Klein y Torán votaron en contras, los tres de Caja Madrid se abstuvieron y el de Cajasol tampoco asistió esta vez.

La denuncia de Klein y Torán puso en alerta a la CNMV y enfadó a los bancos que el año anterior habían concedido un crédito de 994 millones para la compara de Bertolli, la principal aceitera italiana. Las causas son las presuntas irregularidades del autocrédito de los Salazar. La principal es que no está claro que el consejo conociera previamente esta transacción de la sociedad a sus principales accionistas. Según el reglamento de la propia compañía, es obligatorio que lo sepan. También es imperativo un informe de la comisión de auditoría y control de la empresa. La Ley de Sociedades Anónimas impide, además, que una sociedad anónima facilite préstamos para que un tercero pueda adquirir acciones. Y prohíbe que la garantía del préstamo sean acciones de la sociedad que presta. Los Salazar avalaron la operación con 41,16 millones en acciones, el 26,8% del capital.

Según fuentes de las cajas andaluzas presentes en el consejo de administración , los hermanos Salazar han aducido que habían reconvertido el préstamo en un simple crédito personal para así evitar una destitución cantada.