El escándalo que en las últimas semanas ha vinculado a cientos de empresarios, ejecutivos, artistas y deportistas de élite alemanes con cuentas en el principado de Liechtenstein ha vuelto a poner sobre la mesa la problemática que gira en torno a los paraísos fiscales como enclaves propicios para el lavado de capitales, la evasión fiscal y el depósito de grandes cantidades de dinero relacionado con actividades ilegales -entre ellas, y según consta en un informe de la Guardia Civil, las que desarrolla ETA-. La existencia de estos centros gira en torno al objetivo único de captar activos monetarios, y para conseguirlo se apoyan en dos grandes bazas: el ofrecimiento de una escasa o nula tributación a las sociedades allí domiciliadas y una opacidad informativa que impide el ejercicio de cualquier control por parte de terceros países que sospechen que están siendo objeto de un fraude fiscal. Precisamente, esa opacidad dificulta el cálculo exacto del dinero que los paraísos -o centros offshore, en inglés- mueven y la identificación de quienes están tras él.

La mayoría de estas jurisdicciones son ex colonias dependientes de su antigua metrópoli, y la mitad opera bajo bandera británica. Se tiene constancia de que ya en la Revolución Francesa, las familias acaudaladas transferían sus bienes al exterior para evitar el pago de impuestos. Pero, lo cierto es que no todas las relaciones que se entablan con paraísos fiscales son constitutivas de delito. Sí lo son en aquellos casos en los que un sujeto recurra a ellos para sustraer su actividad al control fiscal y no pagar tasas; no lo son si lo que se pretende es aprovechar los recursos disponibles en la ley para minimizar la carga fiscal o diferir en el tiempo su impacto. La OCDE y el Banco Mundial estiman que estos enclaves custodian en la actualidad alrededor de 7 billones de dólares, lo que se traduce en una fuga de impuestos de unos 250.000 millones. El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, eleva casi al doble esa estimación del dinero que atesoran los centros offshore.

En cuanto a la parte de ese botín que podría tener su origen en España, los expertos señalan que la opacidad y los entramados que suele haber detrás de esa operativa impiden hacer un cáculo mínimamente aproximado. Jesús Montero, consejero de Gestha (Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda), apunta que la proliferación de fortunas al calor del boom inmobiliario ha supuesto un aliciente para las relaciones de nuestro país con los paraísos fiscales (ahí están los casos Malaya y Ballena Blanca). "En Gibraltar se han creado muchísimas sociedades para lavar el dinero del fraude inmobiliario", apunta Montero al respecto -en el Peñón, el Impuesto de Sociedades es una cuota fija de entre 437 y 728 euros anuales, independientemente de los beneficios de la empresa-. José María Peláez, presidente de la Organización Española de Inspectores de Hacienda, hace una estimación simplista y cargada de ironía: "Posiblemente, toda la economía sumergida española que no esté en billetes de 500 euros, residirá en paraísos fiscales".

Otro incentivo para esas relaciones ha sido el vertiginoso avance de las tecnologías. Peláez indica que con sólo acceder a internet se encuentran numerosos servicios de despachos profesionales dispuestos a crear, en unas horas y por el módico precio de 80 ó 100 dólares, una sociedad bajo el más absoluto de los anonimatos. Montero también destaca la fluidez de las transferencias bancarias internacionales, con las que se mueven dos billones de dólares diarios en todo el mundo. "Hace 12 ó 15 años, los españoles que querían evadir impuestos tenían que contratar a alguien que en una mochila o maletín traspasara, millón a millón, su dinero a Andorra. Ahora, el banco te deposita el dinero en el paraíso y te facilita una tarjeta innominada con la que se puede sacar efectivo de cualquier cajero sin que conste que es su cliente el que está haciendo la operación", explica el representante de los inspectores. Y esto no sólo está al alcance de las grandes fortunas, también lo hacen particulares que, por ejemplo, hayan recibido una herencia de 300.000 euros.

Fijar un mapa con la relación de los enclaves que actúan como paraísos -entre ellos, algunos socios de la UE con políticas fiscales bastante laxas- no es tarea fácil. Ni siquiera los grandes organismos se ponen de acuerdo: mientras la legislación española reconoce 43, la ONU ha tenido censados 70 y la OCDE habla de tres (Andorra, Liechtenstein y Mónaco) y distingue 35 jurisdicciones que "hacen esfuerzos por intercambiar información". La clave está en que cuando un centro offshore acepta pasar información a países terceros, se cae de la lista negra -lo llamativo es que esa información nunca desvela qué o quiénes están detrás del dinero-. A veces, el interés que propicia esa salida es otro: varios inversores españoles han solicitado que Panamá se caiga de la lista del Gobierno, porque el país latinoamericano no adjudicará obras de la ampliación del Canal a empresas de estados que lo consideren un paraíso fiscal.