Análisis: Fernando Faces Pensiones

  • El Pacto de Toledo ha trasladado al Gobierno una recomendación decepcionante tras años de análisis y estudio: revalorizar las pensiones con el IPC, algo que no soluciona el problema real

Un anciano protesta por las pensiones a la puerta del Congreso. Un anciano protesta por las pensiones a la puerta del Congreso.

Un anciano protesta por las pensiones a la puerta del Congreso. / Mariscal (Madrid)

La suficiencia y sostenibilidad de las pensiones es uno de los principales problemas a los que se enfrenta España. Para los nueve millones de pensionistas y para todos aquellos que están cerca de la jubilación es el principal problema. Tras dos años de informes, deliberaciones y discusiones, la comisión del Pacto de Toledo ha trasladado al Gobierno su primera y por ahora única recomendación: las pensiones deben de revalorizarse con el IPC real.

Esta recomendación implica retrotraerse a la reforma del 2011 y anular el índice de revalorización las pensiones (IRP) y el factor de sostenibilidad y adecuación a la esperanza de vida introducidos en la reforma del 2012. El acuerdo ha sido recibido con entusiasmo por partidos, sindicatos y asociaciones de pensionistas. No deja de ser una recomendación al Gobierno de turno, que no es vinculante. De hecho, no se especifica, de arreglo a qué fórmula se va a desarrollar ni qué fondos o ingresos adicionales lo van a soportar.

La verdad es que es decepcionante que dos años de trabajo de la comisión del Pacto de Toledo hayan dado lugar a un parto de Toledo tan irrelevante. El verdadero problema, la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, sigue sin abordarse ni solucionase. ¿De dónde va salir el dinero que garantice la revalorización con arreglo al IPC de las pensiones del futuro?

Actualmente, el déficit público de las pensiones alcanza los 19.000 millones de euros anuales. El del importe total de las pensiones son 140.000 millones de euros anuales; es decir, más del 40% del gasto público del Estado. El Gobierno pretende obtener los fondos necesarios de nuevos impuestos, de la lucha contra el fraude laboral, de la desviación hacia el presupuesto de partidas no ligadas a las pensiones contributivas, etc.

Pues bien, todo esto no será suficiente. La expansión del gasto en pensiones como consecuencia de mayor número de pensionistas, del aumento de la pensión media y de la prolongación de la esperanza de vida determinan que las pensiones estén aumentando de una manera progresiva, mientras los ingresos de los cotizantes a la Seguridad Social lo hacen de una manera lineal. La brecha entre ingresos y gastos será cada vez mayor, sobre todo en las próximas décadas, cuando la generación del baby boom alcance la edad de jubilación.

El reto demográfico y económico

Tras la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones hay dos problemas estructurales: demográfico y económico. España es, tras Japón, la nación más envejecida, por su larga esperanza de vida y su bajísima natalidad. Actualmente, dos trabajadores están sosteniendo a un pensionista, y dentro de 20 años estaremos en un ratio de 1,5 trabajadores por pensionista, lo cual es insostenible.

El problema económico está ligado a los salarios y la productividad. El salario medio no debe estar por debajo de la pensión media, sería insostenible. Pero nos estamos acercando. Las pensiones españolas alcanzan el 80% del último salario, muy por encima del 50% de la media europea. El problema, por lo tanto, no es de cobertura, sino de bajos salarios. Esto quiere decir que si queremos tener pensiones dignas tenemos que tener salarios más altos. Para que suban los salarios de una manera sostenible también lo tiene que hacer la productividad. Esto nos lleva a la conclusión de que el problema de las pensiones es un tema complejo, que está ligado a variables demográficas, sociales, económicas y políticas. La sostenibilidad del sistema de pensiones público exige políticas estructurales que ataquen los problemas de fondo, como son: el fomento de la natalidad, la creación de empleo y la productividad, entre otros.

Recomendar y prometer que las pensiones van a subir vinculadas al IPC, sin decir cómo ni con qué transformaciones, es una propuesta temeraria, que sólo es comprensible por razones electorales, en un momento en el que todos los partidos están afectados por la proximidad de las próximas elecciones locales y autonómicas. No se está diciendo toda la verdad a los ciudadanos. El sistema público de pensiones es sostenible en el futuro, pero esto nos obligará a una profunda transformación del sistema público de pensiones, de la economía y de la sociedad.

El Ejecutivo no debería retrasar la gran reforma que necesita el sistema de pensiones

Garantizar las pensiones exige solidaridad intergeneracional y realismo político y ciudadano. Requiere una voluntad firme de acometer las reformas necesarias, y dolorosas, del sistema de pensiones y, al mismo tiempo, de la economía para mejorar la productividad y la creación de empleo de calidad.

Tarde o temprano el Gobierno tendrá que afrontar una profunda transformación del sistema de pensiones para hacerlo sostenible. La reforma del año 2012 avanzaba en ese camino, aunque fuera imperfecta e insuficiente. La recomendación del Pacto de Toledo de vincular las pensiones al IPC es una primera recomendación al Gobierno que deberá instrumentarse con otras recomendaciones más profundas que la hagan viable. La pelota esta ahora en el tejado del Gobierno, de los sindicatos y de las patronales. Pero la Comisión de Toledo todavía no ha terminado su trabajo. Yo diría que casi no lo ha empezado.

Un problema europeo

El problema no sólo es de España. Del análisis de la evolución de los sistemas de pensiones de Europa se saca la conclusión de que los sistemas de pensiones más sostenibles están evolucionando hacia sistemas mixtos: planes públicos, con planes de empresa y planes privados. Todos ellos garantizan un sistema público de pensiones suficiente para garantizar unas pensiones dignas, complementados con planes de empresa. Existe una correlación estrecha entre la sostenibilidad de los sistemas y el nivel de desarrollo y productividad de los países. España, Grecia y Portugal están entre los menos evolucionados y sostenibles.

La reforma del sistema de pensiones público español está en su inicio y todavía queda un largo camino por andar. Nada será gratis, exigirá sacrificios y solidaridad. El Gobierno debe de anticiparse al momento más grave de esta evolución, que coincidirá con la jubilación de la generación del baby boom. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha afirmado que la vinculación de las pensiones sólo y exclusivamente al IPC puede tener efectos perversos en el largo plazo, aunque considera que el sistema puede ser sostenible en los próximos diez años.

Otros expertos opinan que si no se hace una adaptación profunda del sistema de pensiones será insostenible en los próximos tres o cuatro años.

El Gobierno no debiera dilatar esta gran reforma. Debe de anticiparse para así evitar una reforma brusca, dolorosa e impuesta por los mercados y Bruselas, como ocurrió con Grecia.

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