Economía

La OCDE mejora la previsión de crecimiento de España hasta el 3,2%

  • El organismo iguala su estimación a la del Gobierno. Es menos optimista con el avance para 2017, que lo reduce al 2,3%.

La OCDE revisa al alza su previsión de crecimiento económico en España este año para igualarla a la del Gobierno (3,2%), pero se mantiene menos optimista para 2017, al augurar que la cadencia se moderará al 2,3% y que esa tendencia se prolongará en 2018, con un 2,2%.

En su informe semestral de perspectivas publicado este lunes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) manifiesta su inquietud por que el Gobierno en minoría de Mariano Rajoy pueda reducir su capacidad para hacer las reformas que den un impulso a la actividad de forma sostenible.

Más allá de alertar sobre los riesgos de turbulencias en los mercados financieros internacionales, la OCDE eleva en cinco décimas la progresión del PIB español en 2016, que tendrá así el quinto más elevado de sus 35 países miembros, sólo por detrás de Islandia (6%), Nueva Zelanda (3,7%), Israel (3,6%), Eslovaquia (3,3%) e Irlanda (3,1%).

Las razones son la fortaleza de la demanda interna (el consumo sube un 3,4% y la inversión un 4,3%), las condiciones favorables de financiación (con unos tipos de interés históricamente bajos), un barril de petróleo muy barato, una evolución salarial muy moderada por el abultado desempleo y la expansión de las exportaciones.

Para el futuro a corto plazo, las expectativas no son tan favorables, y la OCDE sigue calculando que el aumento del PIB en 2017 se quedará, como ya decía hace seis meses, dos décimas por debajo del 2,5% que ha anunciado el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Los autores del estudio recuerdan que los principales países a los que España exporta en Europa crecerán poco (Francia un 1,3%, Alemania un 1,7%, Italia un 0,9%, el Reino Unido un 1,2%) y, en términos generales, el comercio mundial está en un estado "anémico".

La inflación, que ya ha salido de magnitudes negativas, repuntará moderadamente con el ascenso del petróleo (tras un -0,3 % de media en 2016, se anticipa un 1,5% en 2017 y un 1,3% en 2018), entre otras cosas porque el desempleo, aunque cae con fuerza, sigue en niveles muy elevados.

La tasa de desempleo en España, que llegó a triplicar la media de la OCDE en 2013 cuando tocó techo al romper el listón del 26%, seguirá siendo la segunda más alta de los Estados miembros (tras Grecia), aunque debe descender al 19,6% en 2016, al 17,7% en 2017 y al 16,4% en 2018.

El año próximo, el principal vector del alza del PIB será la inversión, con una expansión que se acelerará al 4,7%, mientras el consumo privado ralentizará su marcha al 2,1%, y esa misma orientación se constatará en 2018 (4,7% y 1,6%, respectivamente).

La OCDE considera que España dispone de un margen "limitado" para un estímulo fiscal, teniendo en cuenta su elevado déficit (calcula que será el 4,6% este año, el 3,6% en 2017 y el 2,9%, por debajo del límite del 3% del Tratado de Maastricht, en 2018) y la deuda.

Con respecto a esta última, continuará creciendo aunque a un ritmo menor (tras el 101,3% del PIB en 2016, pasará al 102,1% en 2017 y al 102,2% en 2018).

Por eso, ante el poco margen fiscal en los dos próximos ejercicios, aboga por reorientar el gasto público a partidas que favorezcan un crecimiento inclusivo, como la educación, las políticas activas de empleo, o la I+D.

También destaca que otra prioridad tiene que ser luchar contra la pobreza, que se ha agravado durante la crisis, en particular entre las familias con hijos, y propone reforzar los programas que les garanticen unos ingresos mínimos.

A medio plazo, el Gobierno igualmente tiene que aclarar su plan para sanear las cuentas públicas, y eso podría combinarse con una reforma fiscal que reduzca las cotizaciones sociales de los bajos salarios, compensado por una ampliación de la base imponible en otros impuestos (como el de la renta, el de sociedades y el IVA).

La OCDE se muestra crítica con algunos tipos reducidos del IVA, en particular aquellos de productos que compran esencialmente las familias de altos ingresos y remacha que España apenas utiliza la fiscalidad medioambiental, antes de pronunciarse por una subida de los impuestos de los carburantes, especialmente el diesel.

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