El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha establecido un límite del 50 % en el importe que pueden gastar los ministerios y organismos autónomos este año hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Así se desprende del acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2018 de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que restringe la tramitación de nuevos expedientes de gasto imputables a los capítulos 4, 6, 7 y 8.

Se trata de los gastos destinados a transferencias corrientes, inversiones reales, transferencias de capital y activos financieros, sobre los que los departamentos ministeriales no podrán tampoco aprobar ni comprometer nuevas partidas de expedientes ya iniciados una vez superado el 50 % del crédito inicial presupuestado.

El límite de gasto en las transferencias corrientes podría afectar a la dotación para la Agencia Tributaria para fortalecer la lucha contra el fraude, la destinada para programas de refuerzo escolar o las actuaciones de carácter social como la protección de la familia y la lucha contra la pobreza infantil y el sistema de dependencia.

También se destinan a las becas y ayudas a estudiantes, las subvenciones al transporte marítimo y aéreo de los residentes no peninsulares, las transferencias a organismos públicos de investigación, la aportación al presupuesto de la UE, las cuotas derivadas de la participación en organismos internacionales.

Asimismo, podrían quedar limitadas las transferencias para RTVE y otros organismos públicos dependientes del Estado, como el Instituto para la Reestructuración de la Minería y el Carbón.

En lo que respecta a las transferencias de capital, la restricción podría afectar a los créditos destinados a la subsidiación de préstamos, así como otros destinados a financiar programas de investigación, infraestructuras del transporte, transferencias a organismos autónomos o convenios con las comunidades autónomas.

En el capítulo de activos financieros, gran parte del gasto se destina al préstamo que concede el Estado a la Seguridad Social para proporcionar la cobertura adecuada a sus obligaciones y posibilitar su equilibrio presupuestario.

El acuerdo, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 29 de diciembre, exceptúa las transferencias corrientes destinadas a financiar las pensiones, las clases pasivas y las prestaciones de desempleo.

Asimismo, establece que "solo por causas excepcionales debidamente justificadas", el Ministerio de Hacienda podrá autorizar la tramitación de expedientes una vez superado el límite fijado, siempre que no supere el nivel de ejecución del gasto de 2017.

El documento, al que ha tenido acceso Efe, señala que esta norma entra en vigor el 1 de enero de 2018 y se extenderá hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y afectará a los departamentos ministeriales, organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.