La Comisión Europea propuso este miércoles dar más flexibilidad a los países para reducir sus niveles de deuda y déficit públicos en función de su situación nacional, pero a cambio sugiere introducir sanciones más automáticas en casos de incumplimiento aunque serían de menor cuantía.

Bruselas desveló un nuevo documento no legislativo que alimentará el debate de los próximos meses sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se considera demasiado “complejo”, así como poco “realista” e, incluso, dañino para el crecimiento.

"Si miras cómo ha funcionado el marco de gobernanza fiscal en las últimas décadas, hay que arreglar varias cosas", reconoció en una rueda de prensa el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, quien recordó que la deuda es "demasiado alta" en algunos países, los periodos de bonanza no se utilizaron para crear colchones fiscales y "casi todos los países se han saltado las normas en algún momento".

La propuesta mantiene la meta de reducir la deuda por debajo del 60% del PIB y que el déficit sea inferior al 3%, pero elimina la regla que obliga a los socios a reducir cada año un veinteavo del exceso de deuda en favor de una senda específica diseñada por cada Gobierno en función de su situación fiscal.

El nuevo indicador clave para determinar el ajuste fiscal y evaluar si los Estados cumplen será una “senda de gasto neto”, que se traducirá en topes al gasto público en los presupuestos anuales, con lo que Bruselas busca “simplificar” las normas.

Los países tendrán que presentar “planes fiscales a medio plazo”, para un periodo de cuatro años, que garanticen que la deuda entra en una trayectoria descendente y el déficit se mantiene por debajo del 3 % del PIB.

Los gobiernos podrán recibir hasta tres años adicionales para acometer el ajuste previsto cuando propongan reformas e inversiones que impulsen el crecimiento o la sostenibilidad fiscal o ayuden a cumplir las recomendaciones de Bruselas.

Los gobiernos podrán recibir hasta tres años adicionales para acometer el ajuste previsto cuando propongan reformas e inversiones que impulsen el crecimiento y la sostenibilidad fiscal o cumplan recomendaciones de Bruselas.

Los planes tendrán que ser aprobados tanto por la Comisión Europea –que propondrá una senda de ajuste de referencia para los países con deuda alta o moderada– como por el resto de socios de la Unión Europea y plasmarse en los presupuestos nacionales.

“En última instancia, lo que importa para la sostenibilidad de la deuda es que los Estados miembros reduzcan sus ratios de deuda pública de forma realista, gradual y sostenida”, dijo en la presentación de la propuesta el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.

A cambio de esta mayor flexibilidad en la reducción de la deuda, que venían reclamando socios como España, Francia o Italia, el Ejecutivo comunitario propone ampliar el arsenal de sanciones si algún país se desvía de la senda de gasto pactada con las instituciones comunitarias.

En un gesto de acercamiento a socios como Alemania, Países Bajos o Austria, que los últimos años han criticado la ausencia de multas para los países más endeudados, el documento de Bruselas sugiere que las nuevas sanciones sean más automáticas en casos de incumplimiento.

Esto reduciría la discrecionalidad de las autoridades comunitarias para adoptar sanciones, pero las multas serían de menor cuantía y se centrarán más en el efecto que tendrían sobre la reputación de los Estados miembros castigados.

Frente a las multas del 0,2 % del PIB que contempla el marco fiscal actual (que en el caso de España se traducirían en multas potenciales de hasta 2.400 millones), el nuevo enfoque prevé sanciones de decenas de millones de euros, similares a las que Bruselas propone en los expedientes de infracción contra países.

“La posibilidad de imponer sanciones financieras se mantendrá y se hará más creíble bajando las cantidades”, explicó Gentiloni.

Por otro lado, el nuevo marco fiscal incluye también la posibilidad de activar una cláusula general de escape que suspenda la aplicación de las reglas -como sucedió en la pandemia y tras la guerra rusa en Ucrania-, y añade la posibilidad de que dicha suspensión se aplique únicamente a un país o grupo de países que sufran una crisis específica.

Dombrovskis explicó que la propuesta recoge "lo que podría ser la base para un compromiso" entre los diferentes Estados tras haber consultado "extensamente" con ellos, por lo que, si se confirma que estas orientaciones o "estas con algunas modificaciones" pueden ser el pilar para un acuerdo, la Comisión hará propuestas legislativas "presumiblemente en primavera" de 2023.

En un encuentro con medios internacionales el vicepresidente consideró que "sería preferible" que los Veintisiete lograsen "alinear" el calendario para que la reforma esté aprobada cuando las reglas vuelvan a reactivarse, lo que está previsto para 2024, pero recordó que ambos temas "no están estrictamente ligados".

El Ministerio español de Asuntos Económicos ha destacado que se trata de “una buena base de trabajo” puesto que es “equilibrada” y está “inspirada” en la posición conjunta que España y Países Bajos anunciaron hace unos meses, en especial con los “principios básicos” de “apropiación nacional, enfoque a medio plazo y diferenciación por país”.

España, apuntan fuentes del departamento de Nadia Calviño, va a impulsar un “avance rápido” de la reforma porque los Estados “necesitan tener claridad y seguridad jurídica cuanto antes”, aunque las reglas vayan a seguir suspendidas en 2023.

Por su parte, Países Bajos ve “múltiples elementos positivos” en los planteamientos que Bruselas ha plasmado en el “primer paso” hacia la modernización del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en que la mayor responsabilidad nacional “debe estar alineada con una supervisión efectiva que garantice progresos suficientes hacia la reducción de deuda”.