La Comisión Europea (CE) endureció ayer sus exigencias sobre los contratos públicos, al recortar las cantidades máximas de contratación en virtud de las cuales una adjudicación está exenta de cumplir las normas comunitarias. La modificación a la baja de estos umbrales, que limitará la libertad de las administraciones a la hora de adjudicar a dedo, afectará a los contratos públicos relacionados con el suministro de agua, energía, transportes, servicios postales, obras, seguridad y defensa.

En los contratos de suministros y servicios para los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; el valor mínimo de los contratos sujetos a la norma comunitaria pasará desde los 412.000 euros hasta los 387.000; mientras que para los contratos de obras relacionadas con estas áreas, el mismo se verá recortado desde los 5,1 millones de euros hasta los 4,8.

Para el resto de los contratos públicos de suministro y servicios, la directiva se aplicará para contratos superiores a los 125.000 euros, dependiendo de la tipología (frente a los 133.000 fijados antes de la modificación). En las adjudicaciones de seguridad y defensa (en las que también van incluidas actividades no militares como las policiales o la gestión de fronteras); el valor mínimo de los contratos sujetos a la normativa comunitaria pasará de 412.000 euros a 387.000; y los de obras a 4,8 millones, desde los 5,1.

Las directivas de coordinación de procedimientos de adjudicación regulan los contratos públicos con vistas a implantar un mercado europeo y facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas a los mismos, así como luchar contra el fraude. La última en ser aprobada fue la de defensa y seguridad, este año mismo, aunque los estados miembros tendrán dos años para aplicarla.

Hasta ahora, la adquisición de equipos de defensa y de seguridad en la Unión Europea se efectuaba siguiendo normas y procedimientos de adjudicación nacionales no coordinados.

Se trata de disposiciones que difieren en cuanto a publicación, procedimientos de presentación, criterios de selección y de adjudicación, una heterogeneidad jurídica que constituye un importante obstáculo para la implantación de un mercado europeo de equipos de defensa.

En los sectores en los que sí se ha legislado una coordinación, las normas comunitarias establecen criterios como que el contrato se debe adjudicar al precio más bajo o económicamente más ventajoso, teniendo en cuenta criterios como la calidad, las características estéticas o el coste de funcionamiento. También establecen normas relativas a la transparencia y la lucha contra el fraude, así como principios medioambientales y sociales que hay que cumplir. La Comisión Europea revisa estos umbrales (que excluyen el IVA) cada dos años.