Economía

Abengoa, pendiente del juez y de la Junta tras lograr una adhesión del 82% a su rescate

El presidente ejecutivo de Abengoa, Gonzalo Urquijo. El presidente ejecutivo de Abengoa, Gonzalo Urquijo.

El presidente ejecutivo de Abengoa, Gonzalo Urquijo. / M. G.

Abengoa ya toca su rescate con los dedos, pero dos obstáculos aún impiden que sea realidad. Que la Junta de Andalucía formalice su aportación de 20 millones de euros y que el juez desestime las medidas cautelares que han pedido los accionistas minoritarios agrupados en Abengoashares.

La multinacional andaluza comunicó ayer por la tarde que ha logrado una adhesión del 82,14% de los acreedores de su filial Abenewco 1, que es la sociedad de la que dependen todos los negocios y es titular de los activos del grupo fundado en 1941 por los ingenieros Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, junto con tres amigos y otros familiares.

En una información relevante remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la compañía sevillana, además, comunica que ha obtenido el apoyo del 99,99% de los acreedores del New Money 2; del 100% de los proveedores de las líneas de avales existente; del 98,87% de los acreedores del reinstated debt; del 97,93% de los acreedores del Abenewco 1 MC; y del 95,84% de los acreedores del Senior Old Money asistentes a la asamblea de bonistas, lo que supone el 80,08% de los acreedores del senior Old Money. 

Igualmente han respaldado el plan de rescate de la compañía el 96,11% de los acreedores del Junior Old Money asistentes a la asamblea de bonistas; del 100% de los acreedores del Rolled Over Debt; y del 100% de los acreedores A3T Convertible Bond. 

El único paso del propio proceso de reestructuración anunciado por Abengoa el pasado 6 de agosto es que la Junta de Andalucía haga efectivo su compromiso de aportar un préstamo de 20 millones de euros que se una a los 230 que ya tiene confirmados con la banca y el ICO.

La propia compañía urgió el pasado lunes a que el Gobierno andaluz hiciese realidad su participación. Abengoa recordó que la Junta tiene de plazo hasta el próximo 30 de septiembre.

La Junta sigue teniendo dudas sobre la operación y quiere asegurarse la devolución del dinero que prestaría o avalaría. Sus dudas son jurídicas, sobre el mecanismo que utilizaría la Administración autonómica. El Gobierno de PP y Cs quiere evitar a toda costa que la operación acarree consecuencias judiciales como a las que ya se han enfrentado los gobiernos socialistas que le precedieron.

Precisamente desde el PSOE, ayer su portavoz de Hacienda en el Parlamento andaluz, Antonio Ramírez de Arellano, reclamó al presidente andaluz, Juanma Moreno, y a su Ejecutivo que expliquen “por qué están dispuesto a hacer fracasar” el plan de reestructuración financiera de la multinacional andaluza Abengoa. El diputado socialista expresó su “sorpresa” y “extrañeza” por el rechazo del Gobierno de Moreno a respaldar el plan de reestructuración financiera presentado por Abengoa.

El obstáculo judicial tendrá una resolución el lunes. El juez Javier Carretero dictará un auto en el que aceptará o desestimará la suspensión de los efectos del acuerdo que piden los accionistas minoritarios. Abengoa se ha opuesto acusando a éstos de “extorsionar” a la compañía, por lo que han pedido al juez, que si suspende el rescate, que aseguran que supondría que decayese, imponga una caución de  1.100 millones de euros.

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