El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que la reforma de la ley del aborto que elabora el Gobierno va dirigida "a aumentar la protección del derecho por excelencia de la mujer: el de la maternidad". Ruiz-Gallardón ha respondido así en el Congreso a una pregunta de la diputada socialista Ángeles Álvarez, sobre si el Ejecutivo seguía teniendo la intención de "recortar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres". El ministro ha contestado tajantemente que "no", porque la voluntad del Gobierno no es recortar la libertad de las mujeres sino proteger sus derechos, ya que en la sociedad actual, según ha dicho, "en muchas ocasiones se genera una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo".

Si se observa la realidad, ha proseguido, se descubre que "muchas mujeres ven violentado su derecho a ser madres por la presión que generan a su alrededor determinadas estructuras". A su juicio, cuando se produce un "supuesto embarazo no deseado" el entramado social hace a las madres "responsables únicas" de conflictos o situaciones problemáticas ante las que "el legislador no debe ser indiferente". "Es insuficiente una legislación que se limite a proteger la vida del no nacido mediante la tipificación penal del aborto y que no preste atención a la situación de la mujer embarazada que debe de estar protegida", ha sentenciado.

Para Ruiz-Gallardón, es "absolutamente insuficiente" una normativa sobre el aborto que se limite a despenalizarlo "sin remover los obstáculos reales que impiden a la mujer su derecho a ser madre, abandonando además la protección del concebido". La ley que el Gobierno piensa promulgar, ha explicado, "se va a inspirar en el derecho de la mujer a la maternidad" porque ninguna embarazada "se debería ver obligada a renunciar" a ella por un conflicto familiar, laboral o social. "Vamos a insistir en la formación, en la información, en la prevención y en la promoción de la inserción sociolaboral de las mujeres embarazadas, y en establecer garantías para conciliar su vida laboral, personal y familiar", ha pormenorizado.

Ruiz-Gallardón ha dicho que la nueva normativa pretende que "se evite cualquier tipo de discriminación", estando para ello "cerca de las mujeres más vulnerables", de aquellas que están en paro, de las menores de edad, de las inmigrantes o de las que tienen alguna discapacidad. Con este objetivo, ha asegurado que todas las administraciones públicas tendrán que trabajar conjuntamente para que los servicios sociales, la educación, la sanidad, la vivienda, el transporte y el empleo "sean prioritarios" para la mujer embarazada. "Lo que vamos a hacer es defender el derecho y la dignidad de la mujer con uno de sus valores fundamentales, que es el derecho a la maternidad", ha remachado.

Por su parte, la parlamentaria socialista ha acusado al ministro de llevar a cabo esta reforma para "atender sus compromisos" con los sectores que representan al "fundamentalismo" en España, mediante "la imposición al estado de derecho de una moral religiosa que tiene a sus espaldas la sistemática oposición a los derechos de las mujeres".

Críticas en el Congreso y fuera de él

Sus aseveraciones no tardaron en obtener respuestas críticas tanto en el Parlamento como fuera de él. La izquierda parlamentaria vio en ellas una confirmación de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende dar un paso atrás en la legislación sobre el aborto. La etiqueta #violenciaestructural se convirtió rápido en trending topic en Twitter, donde las palabras de Gallardón suscitaron encendidas críticas, aunque también apoyos.

Los sindicatos, las clínicas autorizadas para las interrupciones voluntarias del embarazo y las asociaciones feministas criticaron también por "duro" y "conservador" al ex alcalde de Madrid, quien antes de formar parte del gobierno de Rajoy estaba considerado como uno de los miembros más progresistas del PP. "¿De verdad creímos alguna vez que Gallardón era un político centrado?", se preguntó la ex ministra de Sanidad socialista Leire Pajín. Gallardón se ha sumado "a los sectores más ultras del antiabortismo", dijo por su parte el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares.

La legislación actual permite abortar a las mujeres durante las primeras 14 semanas de gestación sin tener que alegar motivo alguno. El PP la recurrió en su día ante el Tribunal Constitucional, que aún debe pronunciarse al respecto. El gobierno socialista despenalizó el aborto, contemplado hasta entonces como un delito que podía acarrear penas de cárcel con sólo tres excepciones: riesgo para la salud física o psíquica de la madre, violación y malformación del feto. El ministro de Justicia tiene previsto presentar el borrador de su reforma sobre el aborto en otoño. El PSOE lo acusa de querer modificar la ley antes de que se pronuncie el Constitucional porque sabe que va "a perder ese recurso".