Hay un concepto que se maneja en bioética para definir los riesgos de ampliar alegremente los límites regulatorios de una determinada actividad: la pendiente resbaladiza. Un cambio que aparentemente solo es de grado, puede modificar la esencia de las cosas. Su naturaleza. Plantear la ampliación del copago sanitario (un debate que no es andaluz pero que está en la campaña) puede conducir a rediseñar la ingeniería esencial del Sistema Nacional de Salud y a alterar algunos de los atributos nucleares del mismo concepto de medicamento como recurso de la prestación sanitaria pública en España.

El debate del copago no es de índole sanitaria. Ni, en realidad, económica. Tiene que ver con la arquitectura del Estado, con la tensión entre recentralización y federalismo enconada por la situación de emergencia económica. Cuando en Cataluña, que es donde se ha destapado la caja de los truenos, se decide aplicar una tasa por receta, es posible que en realidad se esté utilizando un material inflamable para avivar un incendio social que justifique la llegada de los bomberos a lomos del pacto fiscal. Eso no tiene nada que ver con la viabilidad de la sanidad pública. Pero la verdad es que la tasa por receta, identificada con el copago-repago, ha estado en los mítines de tal manera que la abstención del PP catalán en la votación de esa medida de la Generalitat ha sido leída como otra más de las intenciones ocultas de los populares.

Entendido como medida de refinanciación de la sanidad pública, ningún gestor honesto de cualquier servicio regional de salud, sea del partido que sea, tiene sus esperanzas puestas en el copago. Ni siquiera como medida disuasoria del abuso de las prestaciones. Por su coste social (vale decir, su impopularidad política), por su coste económico (el dinero a recaudar sería muy inferior a la inversión necesaria para implantarlo), por su coste asistencial (coger las enfermedades a tiempo es más barato) y por su complejidad técnica (bastante tienen las mastodónticas instituciones sanitarias con no perder el tren de las TIC más básicas).

Ampliar el copago encierra dos consecuencias de fondo. La primera es que reorienta la cuestión de la viabilidad del sistema hacia la metamorfosis de una sanidad pública financiada por impuestos a otra basada en cotizaciones laborales y mutuas de asistencia. La segunda, muy concretamente relacionada con la iniciativa catalana, es la desacralización del mismo concepto del medicamento: imponer una tasa por consumo es lo que se hace con una botella de anís, un paquete de tabaco o un litro de gasolina. En un contexto de banalización del medicamento, empiezan a sobrar controles sobre su fabricación, aprobación y financiación, distribución, prescripción, dispensación y consumo. Algo que, al parecer, no han visto la propia industria farmacéutica, las autoridades reguladoras, las empresas de distribución, las oficinas de farmacia ni, desde luego, los ciudadanos.

Asunto complejo, el del copago, en el que la perspectiva más clarificadora no está en su demonización ni en la confianza ciega en sus poderes taumatúrgicos, sino en las señas de identidad cultural de un país. En una manera de vivir. En la política, en el sentido más profundamente europeo del término.  

Política, ahora que es tiempo de votos disputados, es, como mínimo, leerse los programas de los partidos. Algunas perlas escogidas, aunque sea seleccionadas por un criterio absolutamente subjetivo, pensando en los muy cafeteros del sector, pueden animar a ese arduo ejercicio de ingenuidad consciente: se supone que lo que ofrecen los partidos lo van a cumplir.

En cuanto al PSOE, tiene el programa sanitario más extenso. Propone la implantación de la Evaluación de Impacto en Salud (EIS); programas especiales de hospitalización de día para crónicos; petición al Ejecutivo central para que levante las restricciones de convocatoria y dotación de las plazas que ahora ocupan interinos; profundización en la descentralización, transparencia y participación. Mecanismos de ahorro en la factura farmacéutica, como las conocidas como subastas.

El programa del PP, serio aspirante, afirma la defensa de una sanidad universal, gratuita, pública y de calidad. Despolitización y descentralización de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Colegiación obligatoria. Registro de objetores de conciencia, también para las oficinas de farmacia.

IU propone la fabricación de medicamentos esenciales por parte de la Administración y su distribución y dispensación en centros públicos. 

UPyD plantea la devolución de competencias sanitarias al Gobierno. Modelo de mínimos en oficina de farmacia (como en Navarra) y estudio posterior de la la libre apertura de boticas. El PA propone un pacto federal para el uso de medicamentos genéricos o facilitar el acceso a la reprodución asistida para lesbianas.

Todo esto está muy bien, pero el desafío es que los mismos partidos se lo tomen en serio. Ya sabemos en España cómo reformar la Consitución en 15 días para pactar un techo de gasto. Se puede hacer lo mismo para asegurar la viabilidad del Sistema Nacional de Salud. O eso, o habrá a quien se le ocurra reformar la Constitución vía Facebook. Como en Islandia.